OCHOA DE MUÑOZ LIDIA EN J 33.888 OCHOA DE MUÑOZ LIDIA EN J 54.448 COOP. DE TRABAJO Y TRANSPORTE AUTOMOTORES CUYO T.A.C. P/ CONC. PREV. S/ REC. REV. S/ INC. CAS.
La actora reclamó indemnización por lesiones y secuelas derivadas de un accidente de tránsito contra la transportista y su aseguradora en el marco de un concurso. La Suprema Corte admitió el recurso de casación, revocó la imposición de costas de Alzada a la actora y corrigió el dispositivo para incluir en la condena en forma solidaria a la aseguradora, confirmando la verificación del crédito por $60.000.
¿Quién es el actor?
Lidia Ochoa de Muñoz, representada por apoderado.
¿A quién se demanda?
Cooperativa de Trabajo y Transporte Automotores Cuyo TAC (fallida) y la aseguradora Protección Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajeros (citada en garantía).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso de revisión en procedimiento concursal para reconocimiento y verificación de crédito por indemnización de daños y perjuicios por accidente de tránsito ocurrido el 28/2/2000, por la suma de $150.000 (incapacidad, daño moral y estético); la quiebra limita el cobro efectivo.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario de inconstitucionalidad; se admitió el recurso de casación y, en consecuencia, se revocaron los dispositivos que impusieron las costas de Alzada a la actora y que regularon honorarios en ese sentido; se corrigió el error material para incluir expresamente a la aseguradora en forma solidaria; se confirmó la verificación del crédito por $60.000 como quirografario con intereses desde la fecha del evento; se impusieron costas del recurso de casación a la recurrida vencida y costas del recurso de inconstitucionalidad a la recurrente vencida.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Sobre la tacha de arbitrariedad (recurso de inconstitucionalidad): el tribunal recuerda la doctrina restrictiva y exige vicios graves (razonamientos groseramente ilógicos, omisión de hechos decisivos o carencia absoluta de fundamentación). El tribunal concluye que no existe arbitrariedad ni pronunciamiento extra petita, sino una omisión material que se corrige incorporando la aclaración de fs. 272 respecto de la solidaridad de la aseguradora:
"La causal de la arbitrariedad es admisible como fundante del recurso de Inconstitucionalidad, pero siguiendo el criterio rector de la Corte Nacional, interpreta restrictivamente la causales. Así se ha sostenido que la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S 188-446; 188-311; 192-206; 209-348, etc)."
"No obstante no verificarse el vicio de arbitrariedad denunciado y tratándose de un mero error material y que como tal, no causa estado, corresponde en tal aspecto dejar expresamente establecido que la condena y la imposición en costas, se hace extensiva en forma solidaria a la aseguradora, con los límites y condiciones establecidos en la póliza de seguro, conforme se estableció en la resolución de fs. 272 y vta. de autos."
Sobre la cuantificación del daño: el Tribunal acepta el uso del método comparativo o criterio prudencial cuando existe prueba del daño pero no de su extensión, y rechaza que ello configure arbitrariedad:
"…en casos como los ocurrentes, en los que existe prueba del daño pero no de su extensión, a los efectos del monto indemnizatorio, debía acudirse al empleo del criterio prudencial (art. 90 inc. 7) o al método comparativo. A tal efecto y optando por lo segundo, procedió a efectuar comparación con otros precedentes…"
"En tal temperamento, entiendo que la queja resulta una mera disconformidad con el resultado al que se arriba, sin que se logre demostrar que lo estimado en definitiva sea injusto, absurdo o ilógico como para dar sustento a la arbitrariedad pretendida."
Sobre la imposición de costas (casación): el voto mayoritario considera procedente la casación respecto de la imposición de costas de Alzada a la actora, por aplicarse la doctrina que cuando el actor sujeta la cuantificación a la prudencia jurisdiccional no resulta aplicable la prohibición del art. 4º inc. b) ap. b) de la ley arancelaria; en el caso concreto, sin embargo, debe revocarse la imposición de costas de Alzada a la actora y modificar la regulación de honorarios:
"…en los procesos por indemnización de daños y perjuicios y cuando el reclamante ha sujetado el monto del resarcimiento a las resultas de las probanzas efectivas, dejando en última instancia la estimación del daño librada a la prudencia y discrecionalidad del juzgador, no resulta aplicable la norma del art. 4º inc.b) ap.b) de la ley 3641… En el caso, la actora en primera instancia obtuvo la totalidad del reclamo efectuado, fue la demandada la que discutió en la Alzada los montos de indemnización y obtuvo la reducción… Por tal razón, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de Casación articulado y revocar la sentencia en cuanto impuso las costas de Alzada a la actora por lo que no prosperó el rubro incapacidad."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Fernando Romano votó con el resultado consignado; las Dres. Aida Kemelmajer de Carlucci y Dr. Jorge H. Nanclares adhirieron, por lo que la decisión es mayoritaria y homogénea. No hubo disidencia que modifique la solución mayoritaria.
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Normas que cita
- Constitución (Provincia De Mendoza)art. 160
- CPC (Provincia De Mendoza)arts. 150, 159, 90 inc.7, 35, 36, 148, 141 ap.V, 165 inc.3
- Ley LCQ (Nacional/provincial)arts. 19, 37 · Concursos y quiebras
- CCart. 1113 · Codigo civil
- Ley 3641 (Provincia De Mendoza)arts. 4 inc.b) ap.b), 15 y 31
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