GIMÉNEZ MIGUEL EN J° 69.464/13.147 VERA RAMÓN SERAFÍN P/ CONC. PREV. (HOY QUIEBRA) P/ QUIEBRA SOLICITADA POR DEUDOR S/ INC. CAS.
El síndico municipal impugnó la reducción por la Cámara de los honorarios regulados en el concurso devenido en quiebra. La Suprema Corte de Mendoza rechazó los recursos de casación e inconstitucionalidad, sosteniendo que la morigeración de los mínimos legales estuvo dentro de las facultades del juez y de la Alzada y no resulta arbitraria ni normativa-mente errónea.
¿Quién es el actor?
Contador Miguel Giménez, síndico concursal.
¿A quién se demanda?
Resolución de la Quinta Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial (impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad / casación e inconstitucionalidad de la resolución que dejó sin efecto la regulación de honorarios practicada por el juez concursal y que redujo la base mínima legal de regulación (por debajo de lo previsto en el art. 267 LCQ) en atención a la inexistencia de activo liquidado.
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron los recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos por el síndico; se omitió imposición de costas (art. 257 LCQ).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripciones (párrafos relevantes y citas textuales extraídas del fallo, lenguaje original):
"De la normativa reseñada surge que cualquier honorario regulado por el juez concursal puede ser inferior a cualquiera de los mínimos que pudiesen corresponder, cuando se configurase desproporción –manifiesta e injusta- entre la regulación que resultaría y la importancia del trabajo realizado por el acreedor del estipendio. La norma es excepcional..."
"Como un rasgo característico de la legislación concursal en el tema de honorarios, está la revisión de todas las regulaciones por la Alzada. En efecto, el art. 272 LCQ contempla la posibilidad de que, aún cuando no se hayan apelado las regulaciones de honorarios por las partes, el juez debe remitir los autos a la Alzada 'en consulta', la que puede reducir las regulaciones aunque no hayan sido apeladas."
"En la especie, adelanto mi opinión -conforme lo dictaminado por el Sr. Procurador- que no existe arbitrariedad ni tampoco error normativo en la resolución impugnada por cuanto el recurrente no ha logrado demostrar los vicios imputados."
Razonamiento clave: la Corte sostuvo que la Alzada actuó dentro de las facultades que le confiere la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), en especial los arts. 271 y 272, y que la morigeración de los mínimos es admisible cuando existe desproporción entre los emolumentos y el activo realmente disponible; además se valoraron circunstancias fácticas del caso (insuficiencia de bienes, sueldos embargados, único acreedor verificado por $13.098,72 más $1.399,59, ausencia de activo liquidado).
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo votos en disidencia; los Dres. Romano y Adaro adhirieron al voto.
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Leyes que cita
- Ley 24.522Concursos y quiebras
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