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Tribunal Superior

BAEZ ESPINOSA WALTER ENRIQUE EN J 42.417/86.193 BAEZ ESPINOSA WALTER ENRIQUE C/MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA P/D.Y P. S/INC.

El actor promovió acción de daños y perjuicios contra el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia por falta de protección tras denuncias y amenazas. La Suprema Corte hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocó la sentencia de la Cámara y confirmó la de primera instancia, imponiendo reparación y ordenando medidas de protección por parte del Ministerio.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
100531
Danos y perjuicios Falta de servicio Medidas de proteccion Accion contra el estado Ley 3641 Orden judicial incumplida Proteccion de victimas y testigos Reparacion por dano moral Ley 6080 Codigo procesal penal art. 89 bis (se consignan las normas y fuentes expresamente citadas o referidas en el texto de la sentencia Campos que no figuran literalmente en el fallo se dejaron con -.)

¿Quién es el actor?

Walter Enrique Báez Espinoza.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Mendoza (Gobierno de la Provincia de Mendoza).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios (daño moral y psicológico) por omisión del Estado en adoptar medidas de protección ante denuncias, amenazas y reconocimiento de delincuentes; pretensión por $45.000; en primera instancia se condenó parcialmente al pago de $15.000.

¿Qué se resolvió?

La Sala Primera de la Suprema Corte de Mendoza hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad; revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había rechazado la demanda y confirmó la de primera instancia que hizo lugar parcialmente, impuso costas a la recurrida, reguló honorarios y ordenó al Ministerio de Seguridad adoptar las medidas necesarias para la protección del actor y su familia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes y citas textuales del fallo (lenguaje original):

"El 15/01/2008 el Ayudante Fiscal de la Oficina Fiscal n° 4 ordena al Jefe de la Unidad Departamental de Godoy Cruz, que procure resguardar la integridad física del Sr. Walter Báez Espinoza y los moradores de su domicilio, en calidad de urgente.

El 02/07/2008 el Fiscal de la misma Unidad Fiscal pone en conocimiento del Sr. Ministro de Seguridad que el Sr. Walter Báez Espinoza ha reconocido en rueda de reconocimiento a una de las personas involucradas en el robo y que manifiesta sentir temor por lo que le pudiera suceder. Por ello, deja la situación del Sr. Báez Espinoza, a la exclusiva consideración del Ministro y dentro de sus posibilidades materiales y humanas con que cuenta el Ministerio de Seguridad, solicitándole que le comunique a la Fiscalía cualquier novedad que al respecto se produjera, a fin de adoptar las medidas que por derecho corresponda.

Ninguna de estas órdenes fue cumplida por su destinatario. El Ministerio demandado no alega ni acredita haber tomado algún tipo de medidas a los fines de proteger la integridad del Sr. Báez.

Por lo que, hasta allí, el mero incumplimiento injustificado de una orden judicial constituye un elemento suficiente a los fines de responsabilizar al organismo y/o agente y/o funcionario que incurrió en desobediencia."

"En el caso bajo análisis, entiendo que no estamos frente a un deber genérico del Estado de brindar seguridad a todos sus habitantes... Nos encontramos frente a una situación en la cual, la persona que reclama el resguardo de su integridad, ha denunciado penalmente a los autores de un delito..., ha participado activamente en dicho proceso penal..., a los que incluso ha reconocido en sede judicial y, como consecuencia de ello, sufre las represalias y las amenazas constantes de los sujetos por él identificados."

"La omisión del Estado en cumplir con dichas órdenes, constituye, sin lugar a dudas, una conducta antijurídica generadora de responsabilidad, por cuanto ha violado un deber específico de seguridad y garantía de las víctimas de delitos penales, el cual es impuesto por distintas leyes vigentes..."

"En virtud de lo expuesto, ... corresponde hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada a fs. 155/158 vta. ... En su lugar, corresponde confirmar la dictada en primera instancia."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Alejandro Pérez Hualde expone la fundamentación principal; los Dres. Fernando Romano y Jorge H. Nanclares adhieren al mismo (decisión por unanimidad).

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