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Tribunal Superior

FISCAL C/ GARCIA ARCE JESUS ALBERTO Y GIMENEZ CHANDIA PABLO JAVIER P/ ROBO AGRAVADO P/ USO DE ARMA DE FUEGO IMPROPIA EN POBLADO Y EN BANDA CAS.

Se planteó la procedencia de la intervención de una línea telefónica en etapa predelictual como medio de prueba y su encuadre constitucional. El tribunal sostuvo que las intervenciones predelictuales son admisibles siempre que el magistrado motive la resolución, individualice el delito investigado, fundamente su relevancia para la investigación y fije el plazo de la medida; además rechazó exigir imputación formal previa como requisito para ordenar la intervención.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
13-03883769-3
Prueba anticipada Proporcionalidad Derecho constitucional Medios de prueba Intervencion telefonica Imputacion Motivacion judicial Medida incidental Predelictual Articulo 271 cpp

¿Quién es el actor?

DESCONOCIDO

¿A quién se demanda?

DESCONOCIDO

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pedido de intervención de línea telefónica como medio de prueba (medida incidental de investigación penal).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la procedencia de la intervención telefónica en etapa predelictual en los términos y con las exigencias de motivación expuestas por el tribunal; se rechazó la tesis que condiciona la intervención a la existencia de imputado formal previo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Las intervenciones telefónicas 'predelictuales', encuentran suficiente reparo en las legislaciones procesales en la medida en que exigen al magistrado concedente motivar la resolución mediante la cual autorizan la restricción de un derecho constitucional, es decir, que deben determinar, en razón de qué delito se otorga tal concesión, por qué es relevante para la investigación y en virtud de cuánto tiempo."

"En la relación a la intervención telefónica como medio de prueba, la idea que sugiere que sólo puede ordenarse las mismas respecto de una persona ya imputada, carece de toda lógica práctica. El hecho de que el legislador haya optado por la frase 'del imputado' en la redacción de la norma, no implica que debe cumplirse con las formalidades de art. 271 CPP como requisito previo para ordenar la intervención de las comunicaciones. Tal construcción argumental implica proceder en primer lugar a individualizar e imputar al sospechoso de la comisión de un delito para luego poder intervenir sus comunicaciones, lo que llevaría destinado al fracaso de la prueba."

(No constan votos en disidencia en el extracto aportado.)

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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