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Tribunal Superior

SOSA ANDRES MATIAS C/ COLEGIO DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROV. DE MZA P/ APA

Andrés Matías Sosa promovió Acción Procesal Administrativa contra el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios por la nulidad de la resolución que le impuso seis meses de suspensión de matrícula. La Suprema Corte declaró formalmente inadmisible la acción por falta de agotamiento de la vía administrativa y, no obstante, advirtió deficiencias en la notificación del acto impugnado; impone costas a la letrada patrocinante.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
13-04415580-4
Costas Inadmisibilidad Sancion disciplinaria Notificacion defectuosa Agotamiento de la via administrativa Colegio de corredores Accion procesal administrativa C.p.a. Ley 9003 Ley 3918

¿Quién es el actor?

Andrés Matías Sosa (por derecho propio).

¿A quién se demanda?

Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Mendoza.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita la anulación de la resolución del expediente N° 0026/2015 del Tribunal de Ética y Disciplina que impuso la sanción de seis meses de suspensión en la matrícula.

¿Qué se resolvió?

La Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia declaró formalmente inadmisible la Acción Procesal Administrativa por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad (falta de agotamiento de la vía administrativa), giró copia del auto al Colegio para que tome conocimiento de la deficiencia notificada en el considerando III y ordenó imponer las costas a la abogada de la parte actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 5° de la Ley N° 3918 dispone que para la promoción de las acciones reguladas en esta ley, es necesaria la existencia de una decisión administrativa definitiva y que cause estado y, para disipar toda duda aclara el concepto y agrega: 'Decisión definitiva es la que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y la que, siendo de trámite, impide totalmente la continuación del reclamo interpuesto. Decisión que causa estado es la que cierra la instancia administrativa, por haber sido dictada por la más alta autoridad competente una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo' (L.A. 236-245). A su vez, el art. 8 de la Ley N° 3.918 establece: 'No serán procedentes las acciones de este Código cuando tratándose de decisiones administrativas de órganos desconcentrados o de entidades descentralizadas de la administración pública provincial, de entidades no estatales o de personas privadas, no se hayan previamente agotado los procedimientos tendientes a hacer efectivo el control administrativo de legitimidad que constitucionalmente corresponde al Poder Ejecutivo'."

"En el presente caso, conforme surge de las constancias de la causa (en particular del expediente N° 0026/2015 incorporado como AEV N° 100.523/9) se advierte que el último acto emanado de la autoridad administrativa en razón del cual el actor concurrió a esta sede jurisdiccional, es la resolución del Tribunal de Ética que impuso la sanción. ... surge que no se ha agotado la vía administrativa, en tanto se ha omitido interponer recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia. ... resulta inadmisible formalmente la acción procesal administrativa interpuesta por la parte actora, por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 5° y 8° de la Ley 3.918."

"No obstante lo expuesto, se avizora que la notificación de la decisión impugnada, se produjo el día 24-08-2018 (fs. 96 AEV N° 100.523/9), luego de entrada en vigencia la Ley N° 9003, con lo cual la demandada debió cumplir -y no lo hizo- la previsión contenida en su art. 150, el que establece que las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas deben contener, entre otras cosas, los recursos que se pueden interponer contra el acto, así como el plazo dentro del cual deben articularse los mismos; y para el caso que se trate del acto que agota la instancia administrativa, manda a que se indique la acción y plazo disponible para su impugnación en sede judicial, disponiendo en su parte final que la omisión o el error en que pudiere incurrirse al efectuar tales indicaciones no perjudicarán al afectado, ni permitirá darle por decaído su derecho, salvo lo dispuesto en materia de prescripción."

"En relación a las costas, atento a que la carga de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la legislación vigente a fin de recurrir a esta instancia jurisdiccional recaían sobre la abogada patrocinante de la parte actora, corresponden a ella su imposición (art. 36 inc. IV). Atento a lo expuesto y lo normado por el art. 39, inc. b, del C.P.A., esta Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia, RESUELVE: 1) Declarar formalmente inadmisible la Acción Procesal Administrativa ... 3) Imponer las costas a la abogada patrocinante de la parte actora."

(Votos/Mayoría: la parte resolutiva final consta como acuerdo firmado por los Dres. Julio Ramón Gómez, Pedro Jorge Llorente y Dalmiro Fabián Garay Cueli; no se consignan disidencias.)

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