A.M.PRO.S Y A.T.E. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley provincial 8729 que regulan el registro gremial y el efecto suspensivo del recurso contra la calificación administrativa de huelgas. La Suprema Corte de Mendoza admitió parcialmente la acción y declaró inconstitucional el art. 59 y la última parte del art. 80 de la Ley 8729 por invadir materia federal y por vulnerar garantías sindicales y constitucionales, manteniendo vigente el resto de la ley.
¿Quién es el actor?
Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (A.M.Pro.S.) y Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.).
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de inconstitucionalidad de múltiples artículos de la Ley Provincial Nº 8729 (principalmente art. 59 y la última parte del art. 80, entre otros), por afectar derechos sindicales, regulación del derecho de huelga, competencias en materia laboral y negociación colectiva.
¿Qué se resolvió?
Admitida parcialmente la acción; se declaró inconstitucional el art. 59 (registro/inscripción local de asociaciones gremiales y facultades conexas) y la última parte del art. 80 (previsión que la mera interposición del recurso contra la calificación administrativa tenga efecto suspensivo y prohíba cualquier medida de acción directa). Se impusieron las costas en el orden causado y se regularon honorarios. Remítese actuaciones administrativas y dése intervención a Caja Forense y AT M.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por lo expuesto, y en consideración a las conclusiones arribadas, resulta parcialmente inconstitucional el art. 80 de la Ley 8729, en tanto, si bien considero suficiente el sistema de revisión judicial regulado por las normas implicadas, al resultar aplicable la vía de la acción ordinaria o del amparo para revisar la ilegalidad de una huelga, no reviste validez legal la restricción que supone la suspensión de toda medida de acción directa por la sola interposición del recurso."
"Entiendo que la veda impuesta por la norma local cuestionada a la actuación de una asociación gremial ya inscripta a nivel nacional, lleva conexa un efecto asimilable a la suspensión o cancelación de dicha personería por decisión de la Administración. La Ley de Asociaciones Sindicales ... establece al Ministerio de Trabajo de la Nación como autoridad de aplicación y el control exclusivo. La exigencia de inscripción local prevista en la Ley 8729 conduciría al absurdo de que, ante la negativa de una inscripción inicial o cancelación de la inscripción local ya otorgada de una asociación inscripta a nivel nacional, no podría ésta actuar en la Provincia, pero sí en el resto del país. ... Entiendo que las normas contenidas en el art. 59 son inconstitucionales, por invadir materia federal y, respecto a la suspensión o cancelación administrativa de la inscripción, por resultar violatoria de la libertad sindical en su aspecto institucional."
(Votos de los Dres. Dalmiro Fabián Garay Cueli, Julio Ramón Gómez y Pedro J. Llorente, que adhieren.)
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