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Tribunal Superior

MUÑOZ CATANIA JOSE MARIA Y OTR C/ GOBIERNO DE LA PRO-VINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

Los actores promovieron acción procesal administrativa para que se revoque la cesantía dictada por el Ministerio de Seguridad por presuntas faltas disciplinarias. La Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó la acción y confirmó la sanción administrativa, entendiendo que el sumario respetó el debido proceso y que la prueba acreditó la inconducta.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
13-03798863-9
Costas Honorarios Debido proceso Sumario administrativo Presuncion de inocencia Cesantia Control judicial Accion procesal administrativa Proporcionalidad sancionadora Ley 6.722

¿Quién es el actor?

José María Muñoz Catania y Héctor Javier Giménez Galdame.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Mendoza (Ministerio de Seguridad).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de la Resolución N° 2.502 S (27-10-2014) que impuso la sanción disciplinaria de cesantía sujeta a convertirse en exoneración por la presunta comisión de la falta prevista en el art. 100 inc. 1 en función de los arts. 8 y 43 inc. 1, 2 y 21 de la Ley N° 6.722; se reclama además la corrección de vicios procesales en la denegatoria de recursos administrativos (resoluciones N° 2.960 S y N° 1.877 S).

¿Qué se resolvió?

Rechazar la Acción Procesal Administrativa; imponer costas a los actores; regular honorarios y dar intervención a la Caja Forense y A.T.M.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En consecuencia, del análisis de la causa, y habiendo quedado dilucidada la independencia de la esfera penal y administrativa, no se desprende que la resolución atacada por la actora adolezca de los vicios en el objeto, competencia, voluntad previa y en la emisión del acto, referidos por ésta en su demanda."

"Asimismo, es dable destacar que el sumario administrativo se ha llevado a cabo con absoluto respeto del derecho de defensa. De hecho, la falta administrativa que se le imputa a los actores se encuentra debidamente probada, tanto en sede administrativa, cuanto en sede penal. Incluso, por la sentencia penal de la Sala Segunda de esta Suprema Corte de Justicia (07-09-2017). Respecto a las constancias del sumario, se valora que en todo momento se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa."

"Realizado y ejercido el control de legitimidad –en los términos indicados a lo largo del presente voto–, se arriba a la sinrazón de las quejas vertidas por los accionantes. En efecto, no resultan convincentes los argumentos que exponen y tampoco demuestran que existan los vicios que denuncian, lo cual surge luego de analizar las actuaciones venidas ad effectum videndi et probando."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto el Dr. José V. Valerio; adhiere el Dr. Dalmiro F. Garay Cueli. El Dr. Julio R. Gómez no suscribe por licencia.

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