SALOMON ERNESTINA c/ RAITELLI JORGE ENRIQUE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
La actora promovió demanda por daños y perjuicios contra Raitelli Jorge Enrique y otros. La Cámara rechazó el recurso de apelación de los codemandados y confirmó la sentencia de fecha 10/3/2009, por no advertir vicio en la notificación ni en la continuidad procesal y aplicando el art.77 del Código del Rito.
¿Quién es el actor?
Salomon Ernestina.
¿A quién se demanda?
Raitelli Jorge Enrique y otros (codemandados apelantes: Héctor Felipe Apud y Clara E. Dechiara de Apud).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por los codemandados contra la sentencia de fecha 10/3/2009; la sentencia de grado se confirma en cuanto fue materia del recurso. Se imponen las costas a los apelantes y se reserva pronunciamiento sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"A fs.715 vlta/716 obra la parte pertinente del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara que el Tribunal comparte y hace suyo. El mismo –en lo que aquí nos interesa- sostiene: '...La cuestión suscitada exige señalar que el artículo 68 del C.P.C.y C. resulta de aplicación al caso de incapacidad, incompatibilidad profesional o cualquier otro motivo, como suspensión o eliminación de la matrícula, que obste legalmente a la actuación procesal del apoderado, y no del patrocinante. Y el caso analizado no se encuentra aprehendido por tal norma ritual, que contempla la suspensión del juicio en tales supuestos y la comunicación de la circunstancia al representado a fin de que se apersone por medio de otro mandatario. Ello así, ya que el letrado titular de la casilla de notificaciones donde los incidentistas constituyeran sus domicilios no revestía el carácter de apoderado de los mismos. Al respecto, ha sostenido nuestra jurisprudencia local (CCCTuc., sent. N°519 del 12/12/07): `la participación en un proceso judicial a través de patrocinio difiere de la realizada mediante mandatario, en tanto aquélla obliga a la parte interesada de controlar el proceso, lo que lógicamente implica mantener contacto con el letrado patrocinante sin abandonar, por largos periodos de tiempo, la gestión de intereses que al encontrarse discutidos en un proceso judicial, exigen una atención especial[...] Lo dicho, demuestra la imposibilidad de aplicar en forma análoga o extensiva –tal como lo pretende del nulisdicente- el art. 69 CPCCT, puesto que las relaciones derivadas de la naturaleza del vínculo entre patrocinado-cliente y apoderado-poderdante no guardan la esencial semejanza que habilitaría la aplicación análoga de la solución prevista en el artículo citado al caso en cuestión' (in re “Villagra de Billone Elsa Aída c/ Mamaní Guzmán Juan Carlos y otros S/ Simulación – Incidente de apelación prom. por Mamaní Guzmán Analía Adriana”, sentencia n°268 del 04/09/2002).-"
"En efecto, dada de baja la casilla del letrado patrocinante en la que los ahora recurrentes constituyeran domicilio, se produjo la situación que contempla el mentado art.77 en su primer párrafo: desaparición del domicilio constituido sin que se hubiera constituido uno nuevo. Frente a tal circunstancia, la norma remite a la solución del art.75 que manda tenerlo por constituido en los estrados del juzgado. Tal fue el trámite impreso por el a quo, por lo que no se evidencia vicio alguno que justifique la declaración de nulidad que persiguen los recurrentes, a lo que cabe agregar, que la supuesta afectación de su derecho de defensa, se advierte en cualquier caso consecuencia de su negligente conducta procesal."
"La decisión adoptada respecto del incidente de nulidad, sella la suerte del recurso en éste punto, sin que resulte necesario analizar la naturaleza impulsoria de los actos referidos a la remisión de la causa penal, pues tanto el decreto de apertura a pruebas, todos los actos cumplidos en el período probatorio y el escrito de fecha 6/9/2007 –fs.619- por el que la actora solicita se pongan los autos para alegar de bien probado, revisten indudablemente tal condición, resultaron idóneos –en cualquier caso- para purgar la supuesta caducidad operada, y resultaron consentidos por la ahora recurrente en los términos del art. 207 CPCyC."
¿Cómo votaron los jueces?
No se consignan votos en disidencia; el acuerdo adoptó la solución del dictamen fiscal y rechazó el recurso.
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