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Tribunal Superior

SCHAEFER ENRIQUE MANUEL c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El actor promovió demanda de nulidad de acto administrativo y cobro de pesos contra la Provincia de Tucumán. La Corte rechazó el recurso de casación de la Provincia y confirmó que no asiste la firmeza invocada del acto administrativo, por haberse iniciado la demanda antes del vencimiento del plazo administrativo y por improcedente la defensa de acto firme.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
47949
Contencioso administrativo Nulidad de acto administrativo Firmeza Agotamiento de la via administrativa Excepcion de falta de habilitacion de la instancia Ley 4.537 Articulo 41 cpa Provincia de tucuman Costas Casacion. Observaciones procesales relevantes: sentencia definitiva de la sala en lo laboral y contencioso administrativo de la corte. votacion unanime (doctores goane Sbdar y gandur). se impusieron costas de la instancia de casacion y se reservo la regulacion de honorarios para oportunidad ulterior.

¿Quién es el actor?

Enrique Manuel Schaefer.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la Resolución nº 20 de fecha 16-5-2013 dictada por el Encargado de la Unidad de Control Previsional y cobro de pesos.

¿Qué se resolvió?

La Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por la Provincia; confirmó la sentencia de la Sala IIª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechazó la defensa de firmeza del acto administrativo. Se imponen las costas de la instancia de casación y se reserva regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

III.- En lo que es materia de recurso, la sentencia en crisis rechaza la defensa de acto firme que, la Provincia de Tucumán, opuso a la demanda que en su contra interpusiera Enrique Manuel Schaefer.

Para así resolver señala que, en el caso de autos, la Provincia de Tucumán contestó demanda conjuntamente con la oposición de excepción de falta de habilitación de la instancia, por lo que la prerrogativa del agotamiento de vía administrativa previa debe entenderse renunciada, ya que exigir el cumplimiento de tal requisito procesal, cuando la demandada ha adelantado su posición contraria a la pretensión del actor, constituiría un exceso ritual que no tiene ningún sentido valioso.

Concluye que la oposición de la excepción de falta de habilitación de la instancia supone una cierta voluntad en la Administración de provocar la subsanación de la ausencia de un reclamo anterior del actor y es incompatible con la adopción simultánea de una posición procesal del rechazo definitivo de la pretensión objeto de demanda.

IV.- La quejosa aduce que su parte esgrimió la defensa de firmeza, del acto administrativo sobre la base que, el demandante, tuvo un “conocimiento efectivo y fehaciente” de la Resolución numer. 20 dictada en fecha 16-5-2013 por el Encargado de la Unidad de Control Previsional, sin haber esgrimido oportunamente el recurso administrativo de interposición obligatoria en su contra (cfr. arts. 67 y 68 de la Ley Nº 4.537).

Entiende que las pretensiones de nulidad de acto administrativo y de cobro de pesos esgrimidas, por la parte actora, resultan improcedentes por la firmeza, a su respecto, del mentado acto administrativo, en los términos del artículo 41 inciso 2 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA); acto administrativo respecto del cual el demandante revela un conocimiento efectivo y fehaciente a partir del propio escrito de demanda presentado en autos, donde no sólo da cuenta del dictado y de los términos contenidos en la Resolución nro. 20 sino que ,también, solicita su anulación judicial.

V.- ¿Asiste razón al recurrente?

Sin dejar de advertir el yerro del judicante consistente en resolver, la cuestión de autos, con un razonamiento que es propio de una excepción distinta (la del artículo 35 inciso 1 del CPA) a la planteada por la demandada (la del artículo 41 inciso 2 del CPA), se impone, de todos modos, el rechazo del recurso intentado dado que es palmaria la improcedencia de la defensa de acto firme de marras. Ergo, constituiría un degaste jurisdiccional innecesario limitarse en esta oportunidad a anular la sentencia sobre la base del apuntado error y reenviar la causa para el dictado de un nuevo pronunciamiento, cuando se sabe de antemano que resulta absolutamente inviable la firmeza que pregona la recurrente respecto del acto administrativo impugnado por el demandante.

Es que cuando, como en el sub iudice, la demanda judicial de nulidad es promovida con anterioridad al vencimiento del plazo para interponer el correspondiente recurso administrativo, cuya articulación era necesaria y obligatoria para agotar la vía previa, no resulta oponible a aquella la defensa de fondo que contempla el artículo 41 inc. 2 del CPA, sino sólo la excepción de falta de habilitación de la instancia judicial, la que, sin embargo, no ha sido planteada en la especie (CSJT, 13-12-2016, “Tapia Muñoz Reinaldo Antonio y otros vs. Provincia de Tucumán s/ Cobros [Ordinario]”, senten. nro. 1.562).

El razonamiento sesgado del recurso pasa por alto que las implicancias del libelo de demanda exceden al mero efecto probatorio que la quejosa le atribuye, pues con dicho acto procesal el actor no se ha limitado a señalar que toma conocimiento -en ese mismo momento- de la Resolución nro. 20 del 16-5-2013 dictada por el Encargado de la Unidad de Control Previsional sino que, concomitantemente, plantea la nulidad del mencionado acto administrativo (cfr. punto XIII. 10 de fs. 52 vta.), que todavía era susceptible de ser impugnado, ya que el plazo para recurrir ni si quiera había comenzado a correr, dada la ausencia en el caso de la notificación personal que exige el artículo 44 in fine de la Ley nro. 4.537.

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