Dora Manuela Guzman de Mendez Casariego

Demandante (actor): Renato Antonio Alpuy, Patrón Fluvial de Primera de la Marina Mercante Nacional.

¿A quién se demanda?

Prefectura Nacional Marítima (la recurrente en el recurso extraordinario).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

anulación de la sanción de diez días de suspensión impuesta por la Prefectura por la responsabilidad técnico-administrativa derivada de un accidente de navegación.

¿Qué se resolvió?

la Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara, con el alcance indicado en el considerando 7°, y devolvió los autos para que el tribunal interviniente se pronuncie sobre la sanción impuesta por la responsabilidad profesional. La Cámara había sostenido que la competencia para juzgar esa responsabilidad era excluyente del Tribunal Administrativo de la Navegación; la Corte concluyó que la Prefectura conserva la facultad de juzgar la falta de pericia profesional cuando dicho tribunal declina su intervención por la menor gravedad de los hechos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Una consideración más detenida del tema, impone empero, descartar esa inteligencia en favor de la que propone la recurrente, la que resulta de integrar el precepto en cuestión dentro del contexto legal más amplio que le confieren las normas dictadas con posterioridad sobre la materia."

"La solución adoptada por el a qua, sobre la base de la competencia excluyente asignada al tribunal administrativo por la ley de creación, no satisface los principios mencionados, pues no contempla la extensión de la jurisdicción administrativo-policial de la Prefectura Nacional Marítima tal como ha quedado fijada a partir de la ley 20.325."

"Se observa con claridad, a través de la nota de elevación que acompaña a la ley 19.496, la intención del legislador de reservar la intervención del órgano administrativo para los casos cuya gravedad e importancia así lo aconsejen, facultándolo a su vez a devolver las actuaciones sumariales que a su criterio no reúnan tales condiciones, pero sin que de ello quepa inferir que la Prefectura se encuentra impedida de reasumir su jurisdicción a fin de deslindar las responsabilidades de orden profesional que surjan de las actuaciones sumariales producidas."

"...comportó el ejercicio legítimo de la facultad que asiste a la Prefectura de juzgar la falta de pericia profesional del personal navegante, en los casos en que el tribunal creado por la ley 18.870 decline su intervención en razón de la menor gravedad de los hechos imputados."

Lo expuesto torna innecesario el examen de otros agravios y no resuelve sobre la corrección de la sanción, que deberá ser materia de la nueva decisión.