BLANCO GUILLERMO F. Y OTRO c/ PETROQUIMICA BAHIA BLANCA Y OTRO s/

Actor (recurrentes): Guillermo Blanco y otros, letrados que asistieron a Polisur Sociedad Mixta.

¿A quién se demanda?

Petroquímica Bahía Blanca S.A. y la contraparte en el proceso arbitral.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

fijación judicial de honorarios profesionales por su actuación en un proceso de amigables componedores (art. 772 CPCCN), tras la distribución de costas 77% a cargo de Petroquímica Bahía Blanca y 23% a cargo de Polisur.

¿Qué se resolvió?

la Corte confirmó la sentencia de la Cámara, que había reducido los honorarios. Con los votos de la mayoría, la Corte consideró que el proceso arbitral no es asimilable a un juicio ordinario, que la ley 21.839 sólo rige en cuanto sea compatible con la naturaleza del arbitraje (art. 18) y que la regulación fijada guarda razonable proporción con la labor realizada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...la estructura del proceso arbitral se diferenció significativamente de la que es propia de la tramitación de un juicio ordinario... Ello porque durante el proceso fueron expuestas las posturas de las partes mediante escritos y réplicas, sin más similitud con los complejos procesos de conocimiento regulados en la ley de rito, que la que formalmente de esas presentaciones deriva."

"...el trámite judicial exige de los letrados una constante atención de la causa... rigores de que se han visto exentos los letrados intervinientes en este proceso arbitral debido a la sencillez de su tramitación..."

"La falta de asimilación de este proceso a una causa judicial, permite ponderar flexiblemente la virtualidad de esa presunta convención con relación a los letrados, ya que el monto que fue objeto de controversia no constituye -en el caso- un elemento determinante para la base regulatoria."

¿Cuáles son los fundamentos principales?

sostuvieron que hubo un verdadero conflicto y no una divergencia menor, que la doctrina de Fallos 265:227 no era aplicable por tratarse de un arbitraje forzoso de la época anterior a la ley 21.839, que las normas de esa ley sí son compatibles con este proceso y que corresponde regular sobre el monto del asunto, fijando los honorarios en $ 2.400.000.