PINTO FERNANDO FERNANDO Y OTRO c/ PEN LEY 25561 DTO 1570/01 214/02 s/AMPARO

¿Quién es el actor?

María Margarita Pinto y otro (Fernando Ernesto Pinto).

¿A quién se demanda?

Poder Ejecutivo Nacional (Estado Nacional), con intervención de las entidades bancarias (BankBoston N.A., ABN AMRO Bank N.V. Sucursal Argentina y ABN AMRO Asset Management Argentina S.A.) y del Banco Central de la República Argentina.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

amparo en relación con la ley 25.561 y los decretos 1570/01 y 214/02, que dispusieron la pesificación de depósitos bancarios en dólares.

¿Qué se resolvió?

ABN AMRO desistió de sus recursos extraordinarios, por lo que se los tuvo por desistidos. Respecto de los recursos del Bankboston, el Estado Nacional y el BCRA, la Corte los declaró procedentes, remitiendo a los fundamentos de la causa "Massa" (Fallos: 329:5913), dejó sin efecto la sentencia apelada y declaró el derecho del actor a obtener el reintegro de su depósito convertido a $1,40 por dólar, ajustado por CER hasta el pago, más intereses al 4% anual no capitalizable. Se computan como pagos a cuenta las sumas abonadas por el banco durante el pleito y las entregadas por cautelares, con exclusiones por canje de bonos o aplicación a fines específicos. Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden causado; las de las instancias anteriores se mantienen.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que en relación a los recursos extraordinarios deducidos por el Bankboston N.A., el Estado Nacional y el Banco Central de la República Argentina, las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas en la causa 'Massa' (Fallos: 329:5913) a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en lo pertinente por razones de brevedad." Se decidió además que el reconocimiento del derecho lo es con el límite pecuniario resultante de lo decidido por la cámara, y con exclusión de los supuestos en que la obligación se hubiera extinguido por canje por bonos del Estado o aplicación del importe a fines específicos previstos normativamente, como cancelación de deudas con el sistema financiero, adquisición de inmuebles o automóviles.