LOUSTAU BIDAUT, JUAN CARLOS c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD (SELLOS)

¿Quién es el actor?

Juan Carlos Loustau Bidaut, quien se desempeñó como miembro del directorio de las sociedades Transportes Metropolitanos General Roca S.A., Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. y Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción declarativa de inconstitucionalidad (artículo 322 CPCCN) para que se establezca que las addendas de modificación de los contratos de concesión del servicio público ferroviario de superficie de pasajeros, suscriptas por el Estado Nacional el 24 de noviembre de 1999 y aprobadas por decretos 1416/99, 1418/99 y 1419/99, no están gravadas por el impuesto de sellos. Se impugnaron los artículos 17, 20, 214 y 215, inciso b, del Código Fiscal provincial (t.o. 1999) y los actos determinativos del tributo.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la demanda y se declaró la improcedencia de la pretensión fiscal de la Provincia. Costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La cuestión planteada es sustancialmente análoga a la examinada y resuelta por este Tribunal en Fallos: 331:310; 333:538; 334:1626 y en las causas T.97.XXXIX 'Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad', sentencia del 29 de noviembre de 2011, y M.650.XLI 'Monserrat, José Higinio c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad', sentencia de la fecha, entre otros, a cuyos fundamentos y conclusiones allí expuestos corresponde remitir en razón de brevedad."

El actor sostuvo que la actividad ferroviaria federal sólo puede ser gravada por las provincias si el Gobierno Federal lo admite (artículo 75, incisos 30, 13 y 18, CN), que las addendas están exentas del impuesto de sellos (artículo 19 y decreto 1105/89, ratificado por decreto 114/93), que el gravamen constituye una imposición sobre las rentas del concesionario, análoga y superpuesta al impuesto a las ganancias, vedada por el artículo 9°, inciso b, de la ley 23.548, y que la responsabilidad solidaria de los directores no puede extenderse por el solo hecho de integrar el órgano societario (artículos 59 y 274 de la ley 19.550).

La Provincia contestó la demanda y pidió su rechazo. La Procuración General dictaminó a fs. 554. La Corte resolvió remitiéndose a los fundamentos de la causa Monserrat, en la que el voto de Argibay reenvía a su propio voto allí emitido.