Soler, Néstor Eloy c/ PEN - Ley 25561 dto 1570/01 214/02 s/amparo ley 16986

¿Quién es el actor?

Néstor Eloy Soler.

¿A quién se demanda?

Poder Ejecutivo Nacional (ley 25.561, decretos 1570/01 y 214/02) y entidades bancarias intervinientes, entre ellas Banco Comafi S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reclamo de restitución de depósitos bancarios en dólares estadounidenses afectados por la pesificación dispuesta por la normativa cuestionada.

¿Qué se resolvió?

se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se deja sin efecto la sentencia apelada. En virtud de los fundamentos de la causa "Massa" (Fallos: 330:5913) y de "Ricci" (sentencia del 11/9/2007), se reconoce el derecho del actor a obtener de la entidad bancaria el reintegro de su depósito convertido a $1,40 por dólar, ajustado por CER hasta el pago, más intereses del 4% anual no capitalizable, computando como pagos a cuenta las sumas abonadas durante el pleito y las entregadas en cumplimiento de medidas cautelares (criterio de "Kujarchuk", Fallos: 330:3680). Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden causado (art. 68, segunda parte, CPCCN) y se mantiene lo dispuesto sobre las costas de las instancias anteriores.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas en la causa 'Massa' (Fallos: 330:5913), a cuyos fundamentos corresponde remitir -en lo pertinente- en razón de brevedad." Asimismo, "resultan inatendibles los agravios expresados por el Banco Comafi S.A., fundados en la limitación de su responsabilidad respecto de los depósitos constituidos originariamente en el Scotiabank Quilmes, tal como lo señaló el Tribunal al pronunciarse en la causa R.1673.XLI 'Ricci, Herminia Alicia Silverio y otro c/ P.E.N. - dec. 1570/01 214/02 s/ amparo ley 16.986', sentencia del 11 de septiembre de 2007, a la que asimismo corresponde remitirse en lo pertinente." El reconocimiento del derecho tiene como límite pecuniario lo decidido por la cámara y excluye los supuestos en que la obligación se hubiese extinguido por canje por bonos del Estado o por aplicación de su importe a fines específicos normativamente previstos (cancelación de deudas con el sistema financiero, adquisición de inmuebles o automóviles).