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JORGE Y FRANCISCO OTRANTO S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación
La acción para imponer penas por infracciones aduaneras prescribe a los cinco años contados desde el primero de enero del año siguiente al de cometida la infracción o su constatación, interrumpiéndose con el dictado del auto de apertura del sumario.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Se discutió un recurso de apelación contra una resolución administrativa que aplicó una sanción aduanera por presunta infracción al régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial, consistiendo en el comiso de mercadería o multa sustitutiva, además de la liquidación de tributos y percepciones asociadas. La controversia giró en torno a la adecuada aplicación de plazos de prescripción para las multas, la procedencia del comiso ante la falta de presentación de certificado de origen y la correcta determinación de las percepciones impositivas y el cargo por interés diario (CER). El Tribunal examinó la interpretación normativa relativa a la exigencia del certificado de origen según resoluciones ministeriales específicas, la inversión de la carga de la prueba en el régimen de importación temporaria, y la jurisprudencia sobre la prescripción de acciones para imponer sanciones aduaneras, así como la calificación de la infracción y la legalidad de las penalidades impuestas, aplicando criterios doctrinales para delimitar el ámbito de prohibiciones y excepciones en materia aduanera.
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