REMOLLINO SEBASTIÁN NICOLÁS s/recurso de apelación

¿Qué se resolvió en el fallo?

Se analiza en este fallo la impugnación del crédito fiscal y la deducción de gastos correspondientes a operaciones comerciales realizadas en 2022 y el periodo enero-julio de 2023, las cuales son calificadas por la Administración Federal como apócrifas. El recurrente cuestiona la pérdida de validez de comprobantes emitidos por proveedores que se encontraban debidamente inscriptos y autorizados, alegando actuación de buena fe y solicitando la admisión de pruebas para demostrar la materialidad de las operaciones, así como la aplicación de beneficios vinculados a un régimen especial de regularización de activos. Por otro lado, el ente fiscal argumenta que no se ha acreditado la efectiva realización de las operaciones ni el circuito de pagos, destacando discrepancias entre la actividad declarada y la actividad real de los proveedores, la falta de medios de prueba suficientes y la inexistencia de presentación formal completa del régimen de regularización invocado.

El Tribunal examina la adecuada aplicación del régimen de regularización de activos y constata el incumplimiento de requisitos formales y materiales para su válida adhesión. Se aborda además la cuestión de la presunción fundada ante la inexistencia o defectos en la documentación probatoria, aplicando el instituto de "salidas no documentadas" por erogaciones no sustentadas. El análisis se centra en la materialidad y veracidad de las operaciones comerciales, la capacidad económica y la relación de las actividades de los proveedores con la actividad gravada del recurrente, y en la interpretación de las pautas normativas y jurisprudenciales vigentes para la admisión del crédito fiscal y la deducción de gastos en el régimen impositivo argentino.