LEZCANO SORAYA ANDREA Y OTROS c/ MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

LEZCANO SORAYA ANDREA y otros (coactores).

¿A quién se demanda?

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (demandada/accionada).
- Objeto de la demanda: incorporación en los haberes de retiro del coeficiente de bonificación por beneficiarios residentes en la Patagonia
- Zona Austral, establecido por la ley 19.485 (y su aplicación conforme al decreto 1472/08).

¿Qué se resolvió?

Se revoca parcialmente la sentencia apelada en lo relativo al plazo de cumplimiento; se confirma el pronunciamiento en lo demás; se imponen las costas de Alzada a la demandada; se regulan los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 30% de la suma que le corresponda por su actuación en la instancia anterior (más IVA si corresponde); y se devuelven las actuaciones al juzgado de origen.
- Fundamentos principales (transcripción de párrafos relevantes): "La cuestión a decidir consiste en determinar si los actores cuentan con derecho a percibir juntamente con su haber de retiro la bonificación por zona austral creada por ley 19.485 t.o., mediante decreto 1472/08." "A la luz del texto del artículo 1 de la Ley 19.485, los titulares de beneficios de pasividad de las fuerzas de seguridad como los de cualquier régimen tanto general, especial o no contributivo, tienen derecho a la bonificación creada para promocionar el crecimiento poblacional en la región geográfica sur, definida por la norma." "Interpretar lo contrario implicaría ubicar a los titulares en una situación de desigualdad frente al resto de los beneficiarios de haberes de pasividad y que conviven con ellos en una zona geográfica determinada legalmente, que atenta contra las garantías constitucionales de los arts. 16 y 14 bis de la C.N., negándoles a unos lo que a otros se les reconoce en igualdad de condiciones." "En relación al plazo de cumplimiento establecido en el decisorio de grado, se revoca lo establecido y se ordena a la demandada que a partir del momento en que adquiera firmeza el decisorio de conocimiento, deberá efectuar la previsión presupuestaria correspondiente y acreditarla en la causa con la documentación pertinente, de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable para la cancelación de créditos provenientes de pronunciamientos judiciales que condenan al Estado Nacional o a sus organismos públicos, al pago de las sumas de dinero (conf. Art. 22 de la ley 23.982 y art. 170 de la ley 11.672 actualizada y ordenada por el decreto 740/2014)."
- Votos en disidencia: No se consignan votos en disidencia en la parte resolutiva; la decisión consignada en la parte resolutiva es la que prevalece.