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ALVAREZ DAMIAN ALAN C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO

Damián Alan Álvarez demandó a la Municipalidad de General Pueyrredon por el reconocimiento de su derecho a renovar su licencia de conducir sin la exigencia previa de cancelar multas de tránsito cometidas en otra jurisdicción. El Tribunal hizo lugar a la acción, declarando inexigible el pago de infracciones derivadas del Convenio Federal de Tránsito como requisito previo para la obtención de la habilitación.

Licencia de conducir Renovacion de licencia Multas de transito Convenio federal de transito Proporcionalidad Debido proceso Derechos constitucionales Contencioso administrativo Municipalidad Seguridad vial Legitimacion pasiva Tutela judicial efectiva

¿Qué se resolvió en el fallo?

Demandante: Damián Alan Álvarez (DNI 39.062.748) Demandado: Municipalidad de General Pueyrredon Objeto de la demanda: Reconocimiento del derecho a iniciar y concluir el trámite de renovación de licencia de conducir sin la exigencia de pagar multas de tránsito cometidas en extraña jurisdicción, que se derivaban de un Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) dentro del Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial. Decisión del Tribunal: Se hizo lugar a la acción, reconociendo el derecho del actor a iniciar y concluir el trámite de renovación de su licencia de conducir con prescindencia de las deudas pendientes por multas de tránsito, sin perjuicio del ejercicio de otras competencias relativas al trámite. Fundamentos principales: El Tribunal rechazó el planteo de falta de legitimación pasiva de la Municipalidad, considerando que "siendo iniciador del trámite, el Municipio sostuvo que a su parte le resulta imposible y prohibido, soslayar el impedimento que por 'sistema' frena el trámite". Asimismo, señaló que la intervención del municipio es indispensable en la tramitación de licencias, transformándose en "un paso obligado en el sistema; siendo en definitiva el engranaje que pone en marcha el circuito". El Tribunal citó jurisprudencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo local, afirmando que "Comuna no puede sostener que la delegación de facultades realizada por la Provincia sólo se limita a verificar requisitos y entregar la licencias, casi transformándose en un gestor, por el contrario, es ella la que, a rigor de verdad, otorga y deniega las licencias de conducir solicitadas" (CCAMP, A-4159-AZ0, "Donati", sent. del 03-IX-2013). Respecto del fondo de la cuestión, el Tribunal encontró "paridad de supuestos fácticos" con el precedente de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, causa C-12159-MP2, "Moreno" (sent. del 29-XI-2022), en el cual se cuestiona la exigencia de pago de multas previo a la renovación de licencia. El Tribunal concluyó que existe "una desproporción entre medio empleado (la inevitable recaudación que la Administración procura haciendo uso de una norma que impone un cerrojo al ciudadano, a quien no se le permite dar curso a su trámite si no cancela o regulariza la deuda producto de la sanción aplicada) y el fin público involucrado (el mantenimiento de la seguridad vial)". Afirmó que "este último bien pudo ser abastecido previamente por el Estado mediante la activación de mecanismos legales necesarios para exigir, perseguir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito mediante la promoción de las acciones judiciales enderezadas a tal finalidad (y respetando la garantía del debido proceso), instando el proceso del apremio, en lugar de simplemente aguardar y colocar al administrado ante una opción de hierro, pagar si o si para posibilitar el goce de otro derecho". Concluyó que "de ser interpretado de otra manera, la consecuencia que se desprende de una sanción de multa, que básicamente impone la obligación de dar una suma de dinero, virtualmente mutaría a una inhabilitación para conducir, desde que de no pagarse (o regularizarse la misma) el ciudadano se ve en los hechos impedido de acceder a su licencia para conducir vehículos". Se impusieron las costas a la demandada como vencida.

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