FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TAJA MARCELA DEL LUJAN S/ APREMIO PROVINCIAL
El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió apremio provincial contra Marcela del Luján por una deuda de $974.548,80. El Tribunal ordenó la ejecución y remate de bienes de la ejecutada al no oponer excepciones legítimas dentro del plazo establecido.
Quién demanda: Fisco de la Provincia de Buenos Aires
¿A quién se demanda?
Taja, Marcela del Luján (DNI N° 18.260.894)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pago de deuda por apremio provincial conforme Título Ejecutivo Nro. 1496392, por la suma de pesos NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($974.548,80).
¿Qué se resolvió?
El Tribunal ordenó llevar adelante la ejecución hasta tanto la parte ejecutada haga íntegro pago del capital reclamado, con más los intereses previstos por el Código Fiscal (arts. 96, 104 y concordantes de la Ley 10.397, t.o. 2011), los gastos y las costas de la ejecución. Fundamentos principales de la decisión: "No habiendo la parte demandada opuesto excepciones legítimas dentro del plazo legal que se encuentra vencido, se le da por perdido el derecho que ha dejado de usar (art. 155 y ccs. del CPCC)." "Por ello, conforme lo peticionado y lo dispuesto por el art. 540 in fine del CPCC., Esta causa de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto la parte ejecutada TAJA, MARCELA DEL LUJAN (DNI N° 18.260.894) haga al acreedor FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES íntegro pago del capital reclamado por el ejecutante, que asciende a la suma de pesos NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($974.548,80), -conforme Título Ejecutivo Nro. 1496392-, con más los intereses previstos por el Código Fiscal (arts. 96, 104 y ccdtes. Ley 10.397, t.o. 2011) hasta la fecha de su total y efectivo pago, los gastos y las costas de la ejecución (art. 556 del CPCC)." La razón fundamental fue la inactividad procesal de la ejecutada al no oponer excepciones legítimas dentro del plazo legal establecido, lo que facultó al Tribunal a ordenar la ejecución conforme a los artículos del Código Procesal Civil y Comercial invocados.
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