FERNANDEZ MATIAS ADRIAN C/ BETA AUTOMOTORES S.A. S/ DESPIDO

Quién demanda: Matías Adrián Fernández, trabajador que se desempeñaba como vendedor en una concesionaria de automóviles.

¿A quién se demanda?

Beta Automotores S.A., empresa concesionaria automotriz.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por despido incausado, diferencias salariales, horas extras, falta de entrega de certificados de trabajo (art. 80 LCT), aplicación de sanciones por falta de pago de indemnizaciones (ley 25.323) y declaración de inconstitucionalidad de normas relativas al tope indemnizatorio.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, el Tribunal hizo lugar a la demanda condenando a Beta Automotores S.A. al pago de $ 152.829,22 en concepto de:
- Indemnización por antigüedad: $ 52.456,00
- Indemnización sustitutiva de preaviso: $ 24.210,93
- Integración mes de despido: $ 16.075,54
- Días trabajados mes de despido: $ 9.371,97
- Vacaciones proporcionales: $ 448,79
- SAC proporcional: $ 729,64
- Sanción art. 67 ley 15.057: $ 3.165,12
- Sanción art. 2 ley 25.323: $ 46.371,23 Se rechazó el pedido de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del art. 245 LCT y se ordenó la entrega de certificados de trabajo en plazo de 30 días bajo apercibimiento de astreintes. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal destacó que la relación laboral quedó acreditada en los términos acordados: ingreso el 20 de mayo de 2015, desempeño como vendedor conforme CCT 740/16, y despido directo con invocación de causa el 12 de julio de 2017. La mejor remuneración devengada fue de $ 24.210,93. Respecto de la causal de despido invocada (rendición infiel e indebida de operación comercial de fecha 30 de junio de 2017), el Tribunal consideró insuficiente la prueba producida. Como expresó el Dr. Dos Santos: "En el telegrama de despido invocó una 'rendición infiel e indebida de una operación comercial', por lo que la patronal estaba obligada a probar esa operación específica, qué auto/repuesto se vendió, qué dinero ingresó, cuánto se ocultó y cuándo debió rendirse. El testigo Val Vázquez dice que 'no le constaba si ese dinero era producto de una operación comercial', de manera que la plataforma fáctica del telegrama se queda sin sustento probatorio directo." Se consideró que las declaraciones testimoniales, aunque coherentes entre sí, solo configuraban indicios de conducta sospechosa pero no probaban el hecho imputado. El Tribunal sostuvo: "Acosta no vio a Fernández esconder el dinero (solo entrar al cuarto), no sabe de dónde salió el dinero, ni si pertenecía a la recaudación oficial de la empresa o era un negocio de índole personal/paralelo. Además, admite que el lugar era de 'acceso público'." En consecuencia, por no acreditarse la causal invocada, el despido fue declarado incausado, procediendo las indemnizaciones de ley. Hubo una divergencia importante respecto del método de actualización del crédito. El Dr. De Cillis declaró la inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 27.802 por vulnerar los principios de igualdad ante la ley, el principio protectorio del derecho del trabajo y el derecho de propiedad. Sostuvo que la norma introduce un tratamiento diferenciado entre trabajadores en situaciones sustancialmente equivalentes, basado exclusivamente en la circunstancia temporal del inicio del proceso, sin fundamento objetivo que justifique tal distinción. Por el contrario, los Dres. Dos Santos y Tula adhirieron al voto del Dr. De Cillis en cuanto a la condena y los rubros indemnizatorios, pero disintieron en materia de actualización. Consideraron que la declaración de inconstitucionalidad constituye la "última ratio" del ordenamiento jurídico y que el art. 55 de la ley 27.802 representa una decisión legítima de política legislativa que busca unificar criterios y brindar previsibilidad al sistema. El Dr. Dos Santos expresó: "Armonizar el derecho de propiedad del trabajador con la capacidad de pago del sistema es un ejercicio legítimo de ponderación legislativa." La mayoría resolvió aplicar la tasa pasiva informada por el BCRA conforme art. 55 de la ley 27.802, con los límites que impone esa norma.