MOREYRA MARCOS NAHUEL C/ FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE

Quién demanda: Marcos Nahuel Moreyra, trabajador.

¿A quién se demanda?

Federación Patronal Seguros S.A.U., aseguradora de riesgos del trabajo.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Prestación dineraria por daño derivado de accidente in-itinere ocurrido el 14 de febrero de 2023, cuando el actor se dirigía en bicicleta hacia su lugar de trabajo y un vehículo lo hizo caer al suelo. Se demanda el reconocimiento de incapacidad permanente parcial y el pago de la indemnización correspondiente, así como la actualización monetaria de la condena.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar a la demanda condenando a Federación Patronal Seguros S.A.U. al pago de $13.747.841,22 (actualizado con RIPTE al 5/3/26), en concepto de prestación por incapacidad permanente parcial (IPP). Rechazó parcialmente los planteos de inconstitucionalidad y declaró la inconstitucionalidad de normas sobre actualización monetaria. Fundamentos principales: "Atento los términos de la contestación de demanda en la que la accionada reconoce expresamente haber otorgado prestaciones en especie al accionante por la contingencia denunciada en autos y no alega haber rechazado el siniestro dentro de los plazos establecidos por los arts. 6 del Decreto 717/96 y 22 del Decreto 491/97, tengo por acreditada la relación laboral que unía a la parte actora con su empleadora, el contrato de seguro que unía a esta última con la legitimada pasiva de autos y la contingencia denunciada en la demanda acaecida en fecha 14/02/2023." Respecto de la incapacidad: "En virtud de la prueba pericial médica presentada fecha 17/08/2025 por la Dra. AROCHA DEBORA LUISA que se encuentra científicamente fundada (art. 474 C.P.C.C.), tengo por acreditado que el accionante padece un 14,1 % de incapacidad parcial y permanente de la total obrera, incluyendo los factores de ponderación, por síndrome del manguito rotador derecho con alteración en la movilidad, limitación funcional de la muñeca derecha y gonalgia derecha, y que la misma guarda adecuada relación de causalidad con el hecho debatido en autos." Sobre la inconstitucionalidad de normas sobre actualización monetaria: "En reciente fallo de fecha 17/4/24 la S.C.B.A. ha sostenido que, sin perjuicio de dar pleno efecto a las medidas adoptadas por los poderes representativos, corresponde indagar en cada caso si media una afectación al núcleo esencial de los derechos tutelados por el ordenamiento, puesto que, el factor económico condiciona la opción jurídica y compele a la consideración circunstanciada de los impactos y mudanzas producidas a causa del deterioro patrimonial provocado por la depreciación de la moneda." El Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y art. 4 de la ley 25.561, así como del Decreto 669/19 por arrogarse facultades legislativas vedadas. Sobre el cálculo: la operación fue 53 X $47.651,30 X 14,1% X 65/34 (1,91) = $680.147,49, pero por no superar el piso mínimo, se consideró $8.433.218 X 14,1% = $1.189.083,73, que actualizado con RIPTE al 5/3/26 alcanza $13.747.841,22.