DIAZ PATRON DARIO ALBERTO C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Darío Alberto Díaz Patrón, Consejero de Familia Jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Zárate, con ingreso al Poder Judicial el 14/11/1990.

¿A quién se demanda?

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del derecho a percibir bonificación por antigüedad al 3% sobre la totalidad de años de servicio, y el pago de diferencias salariales retroactivas correspondientes al período 1996-2005, durante el cual se redujo o suspendió tal bonificación mediante sucesivas leyes de presupuesto. Además, solicita la declaración de inconstitucionalidad de las normas que dispusieron tales reducciones.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hace lugar a la demanda en todos sus términos, declarando la inconstitucionalidad de múltiples artículos de leyes presupuestarias y del Decreto 240/96, reconociendo el derecho del actor a percibir la bonificación por antigüedad al 3% y ordenando el pago de diferencias salariales devengadas desde el 16/8/2022 (con aplicación de prescripción bienal), más intereses al 6% anual hasta la sentencia y tasa pasiva bancaria posterior. Fundamentos principales de la decisión: La sentencia parte de establecer que la "bonificación por antigüedad" constituye un rubro integrante del salario del agente público, conforme consolidada jurisprudencia de la Corte Provincial: "La remuneración consiste en la retribución debida por el hecho de poner el trabajador sus energías a disposición del empleador. Y en esta inteligencia todas las cantidades abonadas al empleado deben considerarse comprendidas en el amplio concepto de remuneración, a menos que resulte claramente demostrado que fueron abonadas por un título distinto" (SCBA, B. 54.726). El Tribunal destaca que, aunque la administración goza de prerrogativas exorbitantes respecto del derecho privado, estas encuentran su límite en la imposibilidad de alterar la sustancia de la relación: "mediante una reducción salarial no puede desvirtuarse la remuneración habitual del agente en su significación económica, de una manera que deje de expresar un valor retributivo razonable". Si bien los salarios no están alcanzados por la garantía de intangibilidad, "toda reducción en materia salarial reviste suma gravedad en tanto pone en juego créditos de evidente naturaleza alimentaria, puesto que el salario constituye el medio por el cual el trabajador 'se gana la vida'". Respecto de la defensa de emergencia económica, el análisis evidencia que "solo DOS AÑOS del período decenal durante el cual tuvieron lugar las mermas porcentuales de la 'Bonificación por antigüedad' estuvieron alcanzados por leyes de declaración de EMERGENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (desde el 24/7/2001 hasta el 23/7/2003)". Sostiene el Tribunal: "La primera medida adoptada consistió en una lisa y llana SUPRESION del adicional respecto del año 1996 (fuera de contexto de declaración de emergencia alguna, Ley 11.739). El segundo bloque de medidas de 'disminución del porcentual' aplicado al cómputo de los años 1997 a 2001 tampoco fue dictado en contextos de declaración de emergencia alguna". El Tribunal concluye que las medidas careció de los requisitos constitucionales necesarios: "la validez constitucional de tales decisiones se encuentra inexorablemente condicionada a su carácter transitorio, razonable y proporcional al fin perseguido. La emergencia no constituye una habilitación irrestricta para alterar de manera permanente el régimen salarial de los trabajadores públicos, sino una herramienta cuya legitimidad depende, precisamente, de la limitación temporal y de la estricta vinculación entre la medida adoptada y la situación extraordinaria invocada". Respecto del principio de progresividad, invoca doctrina de la CSJN (ATE 2, sent. 18-6-2013) que declara la inconstitucionalidad de reducciones salariales que han "traspasado abierta y, sobre todo, largamente" los límites constitucionales. Señala que las medidas afectaron directamente "principios de jerarquía constitucional, entre ellos la tutela preferente del trabajador, el principio de progresividad y la garantía de una retribución vinculada al bienestar material y a la dignidad de la persona humana". En cuanto a la violación del principio de igualdad, destaca que el Decreto 240/96 excluyó arbitrariamente de las reducciones a agentes con categoría nivel 20 en adelante, sin justificación objetiva: "ninguna explicación razonada fue brindada acerca de la excepción resuelta con relación a algunos de los agentes público provinciales, no advirtiéndose circunstancias relevantes para establecer un tratamiento diferenciado sobre la disminución del porcentual en análisis". Esta discriminación viola "el principio de igualdad de trato que debe regir en materia remuneratoria dentro del empleo público (art. 11 Const. Pcia. Bs. As.), particularmente respecto de un adicional cuya naturaleza responde precisamente al reconocimiento del tiempo de servicios efectivamente prestados". Finalmente, respecto de la prescripción, el Tribunal aplica la nueva doctrina de la SCBA (A. 78.420, "Ledesma", 11-9-2025) que modificó su jurisprudencia anterior, estableciendo el plazo bienal del art. 2.562 inc. c del CCyC para obligaciones periódicas, considerando prescriptos los créditos devengados con anterioridad al 16/8/2022.