BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ALFONSO ERIKA ANDREA S/ COBRO EJECUTIVO

Quién demanda: Banco de la Provincia de Buenos Aires, representado por su apoderada Dra. Olga Isabel Vazquez.

¿A quién se demanda?

Erika Andrea Alfonso (DNI 28.126.753), domiciliada en calle 134 e/ 56 y 57 Nº 1161, Los Hornos, La Plata.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo de la suma de $83.126,82 en concepto de saldo deudor de contrato de mutuo de fecha 28/8/2017, presentado al cobro el 30/09/2019. Se reclamaba asimismo intereses, IVA sobre intereses, intereses sobre gastos causídicos y costas.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal mandó llevar adelante la ejecución por el capital de $83.126,82 con intereses desde la mora (31/7/2018) hasta su pago, pero limitó la tasa a la que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a treinta días vigente en los distintos períodos, más el 50% de los mismos. Desestimó el IVA sobre intereses y los intereses sobre gastos causídicos. Impuso costas al demandado. Fundamentos principales: "La finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela del consumidor o el usuario, que a modo de 'purificador legal' integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional... resulta necesaria una integración armónica entre los institutos del derecho mercantil y del consumo, toda vez que los caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonomía y abstracción del título, que posibilitan de ordinario el cumplimiento de sus funciones propias, económicas, jurídicas e incluso su rigor cambiario procesal, deben ser armonizados con las exigencias del interés público en la defensa del consumidor (Ley 24240 conf ley 26361)." El Tribunal destacó que "si bien impera en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo, las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título (conf art. 542, C.P.C.C.), es posible una interpretación de la regla aludida acorde con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. l, 2, 36 y 37, ley 24.240)." Respecto de los intereses, el Tribunal consideró que "si bien la ley sustantiva en dicha materia permite pactarlos con libertad (arts. 621, 652 y 1197 del Código Civil -hoy arts. 767, 790, 959 y 2651 del nuevo CCyCN-), lo cierto es que los mismos resultan reducibles a límites razonables si su monto fuera exorbitante y chocante a la moral... Ello no significa quebrantar el principio de la inmutabilidad de la pena convenida sino que implica adecuar ésta a valores que guarden proporcionalidad con el daño sufrido por el acreedor y con el monto de la obligación que se tiende a asegurar." Sobre el IVA, el Tribunal estableció que "atento a que dicho rubro no se encuentra incluido en el documento traído a ejecución y toda vez que dentro del acotado marco cognoscitivo del presente proceso no resulta posible indagar acerca de la causa de la obligación que da origen al instrumento base de esta acción, permitiéndose así, establecer si la misma se encuentra comprendida en alguno de los supuestos contemplados como pasibles de tener que abonar el impuesto mencionado o alcanzada, en su caso, por alguna exención legalmente prevista, corresponde desestimar el ítem reclamado."