ECHAIDE MIRTA SILVANA S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)

Quién demanda: Mirta Silvana Echaide, por derecho propio, con patrocinio del abogado Nahuel Mario Castelluccio.

¿A quién se demanda?

La peticionante se dirige contra sí misma solicitando la declaración de su propia quiebra.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de quiebra en los términos de los arts. 2, 3, 11, 77 inc. 3, 86, 288 y concordantes de la Ley 24.522, alegando: (i) desempeño como profesora dependiente con ingresos salariales insuficientes; (ii) grupo familiar a su cargo (dos hijas); (iii) sobreendeudamiento progresivo por crisis inflacionaria post-COVID-19; (iv) pasivo aproximado de $30.407.957,81 compuesto por deudas de consumo con entidades financieras, mutuales y cooperativas; (v) estado de cesación de pagos desde el 17/6/2024; (vi) carencia de bienes patrimoniales ejecutables; (vii) incapacidad permanente para atender regularmente sus obligaciones sin comprometer la subsistencia familiar.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal rechazó la petición de declaración de quiebra y condenó a la peticionaria al pago de costas. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal estableció como premisa inicial que "la confesión implícita del estado de cesación de pagos que comporta la presentación espontánea del deudor solicitando su propia quiebra -prevista en el art. 79 inc. 1 de la ley 24.522
- constituye un elemento de convicción relevante, mas no opera como condición suficiente ni genera para el magistrado obligación alguna de pronunciar sin más la apertura del proceso liquidatorio. Dicha presentación habilita, no impone, la declaración falencial, quedando siempre a cargo del juzgador la ponderación integral de los recaudos de admisibilidad." En cuanto a la acreditación del pasivo, el Tribunal concluyó que "del examen de la presentación inaugural y de la documentación adjunta no se advierte, siquiera prima facie, la configuración del estado de sobreendeudamiento alegado como impedimento para satisfacer las necesidades esenciales de la peticionante." Específicamente, el informe del Estado Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central reveló que "la totalidad de los acreedores exhibe una calificación que no supera el nivel 2 (seguimiento especial), lo que desautoriza, por sí solo, la invocación de una insolvencia generalizada y permanente." Además, "la documentación respaldatoria es manifiestamente deficiente: con excepción de la deuda contraída con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, los restantes créditos se acreditan mediante simples copias -en varios casos sin sustento documental alguno-, sin que se hayan incorporado elementos que permitan verificar las fechas de mora ni la exigibilidad actual de las obligaciones referidas." Respecto de la alegada imposibilidad de procurar una vida digna, el Tribunal consideró que "la remuneración neta mensual de $1.734.649,19 que percibe excede de modo significativo el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente, fijado en la suma de $367.800 (Res. CNEPYSMVYM 9/2025). Tal diferencial excluye, razonablemente, toda presunción de incapacidad para afrontar los gastos esenciales, máxime cuando ni siquiera se han alegado -y menos acreditado
- los rubros concretos de erogaciones básicas que se invocan como insatisfechos." El Tribunal señaló además que "la invocación de la hija mayor como carga alimentaria resulta jurídicamente ineficaz: conforme al art. 663 del CCCN, la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental se extingue por la mayoría de edad, sin que se haya acreditado en autos la concurrencia de los presupuestos que habilitarían su extensión." Finalmente, el Tribunal enfatizó que "el relato de la peticionante incurre en contradicciones que minan su coherencia interna. La descripción inicial del pasivo resulta incompatible con los elementos documentales ulteriormente incorporados, particularmente en lo que respecta a los créditos supuestamente adeudados a entidades financieras distintas del Banco Provincia. Tal inconsistencia no puede ser soslayada en el marco de una valoración integral de la prueba." El Tribunal también advirtió sobre la relevancia de los estándares procedimentales: "El proceso concursal -y el procedimiento de quiebra en particular
- no constituye un remedio de acceso irrestricto ni de configuración laxa. Su apertura produce efectos jurídicos de singular gravedad: desapodera al deudor de la administración y disposición de sus bienes, habilita la verificación colectiva de créditos, suspende las ejecuciones individuales y somete el patrimonio del fallido a un régimen de liquidación reglado. Estos efectos no solo recaen sobre el peticionante, sino que se proyectan, con igual intensidad, sobre la esfera jurídica de los acreedores, quienes ven alteradas las condiciones de cobro de sus créditos y quedan sujetos al régimen de distribución concursal."