.................... S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 130.926 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA V

Quién demanda: Defensor oficial Ignacio Juan Domingo Nolfi en representación de Roberto Marcelo Fernández Zacarías.

¿A quién se demanda?

Contra la Sala V del Tribunal de Casación Penal que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La defensa solicitó que se revoque la sentencia de Casación que rechazó el pedido de determinación de una fecha cierta de agotamiento de la pena de prisión perpetua impuesta a Fernández Zacarías. El condenado había cumplido 35 años de encierro (desde el 23 de diciembre de 2021) y se encontraba legalmente en condiciones de acceder a la libertad condicional conforme a los arts. 13 y 16 del Código Penal (redacción posterior a la ley 25.892), pero la misma le había sido denegada en numerosas oportunidades.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por pérdida de virtualidad. El tribunal consideró que con posterioridad a la interposición del recurso (2 de octubre de 2024) y durante su tramitación, el Juzgado de Ejecución Penal n° 2 de La Plata concedió la libertad condicional a Fernández Zacarías mediante resolución del 6 de marzo de 2025, modificando sustancialmente el cuadro de situación jurídica que había motivado el planteo. Fundamentos principales de la decisión: El voto del Juez Torres señaló: "En razón de lo expuesto, el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad articulado contra la sentencia casatoria de fecha 2 de octubre de 2024 perdió virtualidad, toda vez que, con posterioridad a su dictado, el Juzgado de Ejecución n° 2 de La Plata concedió a Roberto Marcelo Fernández Zacarías la libertad condicional bajo una serie de condiciones (conf. arts. 13 y 27 bis, Cód. Penal)." Continuó explicando: "Como expliqué en el apartado III.2., la defensa del nombrado había pedido fijar una fecha cierta de agotamiento de la pena de prisión perpetua en razón de las sucesivas denegatorias del beneficio de la libertad condicional; sin embargo, con posterioridad, su asistido accedió a ese instituto. En consecuencia, dado que la decisión del Juzgado de Ejecución n° 2 modificó el cuadro de situación jurídica del accionante, resulta inoficioso el abordaje del recurso en los términos en que fue interpuesto (conf. art. 488, CPP)." El tribunal destacó que la defensa había argumentado sobre la necesidad de fijar un límite concreto a la perpetuidad conforme al principio de legalidad y el mandato de certeza, invocando que sin una fecha definida se tornaba desconocido el alcance de la potestad punitiva estatal. Sin embargo, esta cuestión devino abstracta cuando se concedió efectivamente la libertad condicional al condenado, momento en que comenzaría a correr el plazo de diez años previsto en el último párrafo del art. 13 del Código Penal para el cumplimiento de las condiciones impuestas. La Procuración General había aconsejado rechazar la impugnación, pero la Corte consideró innecesario entrar en el análisis de fondo al declararse abstracta la cuestión.