.................... S/ RECURSO DE CASACION

Quién demanda: El Defensor Oficial del Departamento Judicial de San Martín, Dr. Juan Manuel Gornatti, en representación de Leonardo de la Cruz Palacios.

¿A quién se demanda?

Contra la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial San Martín.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión de la decisión que revocó la excarcelación ordinaria bajo caución juratoria otorgada en primera instancia, solicitando que se conceda nuevamente la libertad del imputado.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal de Casación Penal declaró admisible el recurso (por cuestiones de derecho al recurso y garantías constitucionales) pero rechazó por improcedente la pretensión de casación, confirmando la resolución de la Cámara que mantuvo la detención preventiva. Fundamentos principales de la decisión: La Sala I consideró que el recurso de casación es admisible respecto de autos dictados por la Cámara que denieguen la libertad personal, conforme al artículo 450 último párrafo del CPP, toda vez que "las normas convencionales y procesales imponen examinar la cuestión a fin de resguardar el derecho del condenado a acudir a un órgano superior, imparcial e independiente (arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP)." Sin embargo, en cuanto al fondo, el tribunal sostuvo que la resolución de la Cámara "se ajusta a derecho" y que los Jueces de Cámara "realizaron una valoración integral de las constancias obrantes en la causa." Específicamente señaló: "En particular, ponderaron las características y gravedad de los hechos atribuidos a Leonardo De La Cruz Palacios, a quien se le imputan los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse -alternativamente encubrimiento agravado por ánimo de lucro
- en concurso real con defraudación mediante el uso no autorizado de datos." El tribunal enfatizó que "el imputado, mediante la utilización de los datos contenidos en el celular sustraído a la víctima, realizó operaciones a través de la plataforma 'Mercado Pago', lo que pone de manifiesto el acceso efectivo a información sensible. En ese contexto, señalaron que, al haber manipulado datos personales y financieros de la damnificada, pudo también acceder a su información privada, lo que les permitió inferir un riesgo concreto de entorpecimiento probatorio, ya sea mediante eventuales actos de amedrentamiento hacia la víctima o su entorno familiar." Finalmente, concluyó que "la resolución dictada por la Cámara de Apelación y Garantías satisface la exigencia de motivación reclamada por el art. 106 del CPP" y que "los argumentos expuestos por el Defensor no alcanzan para descalificar el pronunciamiento en crisis como un acto jurisdiccional válido, ni consiguen demostrar que los Jueces se hayan valido de fórmulas abstractas y/o dogmáticas para respaldar su decisión."