.................... S/ INCIDENTE DE APELACIÓN-ENCUBRIMIENTO AGRAVADO, USO DE DOCUMENTO FALSO Y ESTELIONATO EN CONCURSO REAL (SENTENCIA DEFINITIVA)-PP N° 02-00-011494-25 Y ACUMULADAS

Quién demanda (Actor): Ministerio Público Fiscal A quién se demanda (Demandado): Pablo César Ariel Beliu (DNI Nº 23.424.269)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

El Ministerio Público Fiscal promovió acción penal por los delitos de: (i) encubrimiento agravado por habitualidad y ánimo de lucro en cinco hechos; (ii) uso de documento falso en un hecho; y (iii) estelionato en concurso ideal con uso de documento falso en dos hechos, todos en concurso real. Los hechos se relacionaban con la adquisición, comercialización y utilización de automotores de procedencia ilícita mediante documentación apócrifa, afectando bienes jurídicos de propiedad privada y administración pública.

¿Qué se resolvió?

La Cámara declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa del encartado, rechazando el cuestionamiento sobre la pena impuesta en primera instancia. La sentencia de origen (dictada mediante procedimiento abreviado el 31 de marzo de 2026) condenó a Beliu a tres años de prisión de efectivo cumplimiento y multa de $90.000, permaneciendo firme esta condena. Fundamentos principales de la decisión: La Cámara sostuvo que el recurso resultaba inadmisible por dos razones fundamentales concatenadas: Primero, por la doctrina de los actos propios. En palabras de la sentencia: > "Dicho acuerdo celebrado y ratificado por las partes contemplaba, como ya dijera y en lo que aquí estrictamente concierne, la concurrencia de las circunstancias atenuantes y agravantes de conducta descriptas en los puntos cuarto y quinto de dicho decisorio, las que fueran de recibo por la a quo, lo cual hallara reflejo en la cuantía punitiva dispuesta igualmente de conformidad con lo acordado por las partes (esto es, tres años de prisión de efectivo cumplimiento), circunstancias todas éstas que privan a la parte del necesario interés directo configurante del agravio necesario para la apertura de la vía recursiva incoada a este único respecto." La Cámara enfatizó que tanto el imputado como su defensor prestaron "entera conformidad" con la propuesta del Ministerio Público Fiscal para tramitar el caso por juicio abreviado, lo que incluía expresamente la aceptación de la calificación legal y las penas propuestas. Al respecto, la sentencia cita doctrina de la Suprema Corte provincial: > "La conducta procesal de la defensa quiebra así el principio de unidad de actuación que la rige (art. 3, ley 14.442) al tiempo que incurre en una confrontación con la doctrina de los actos propios... la doctrina de los actos propios enseña que, la adopción de un temperamento discrecional importa ausencia de gravamen atendible, ya que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz." Segundo, respecto del fondo de la impugnación sobre la pena, la Cámara consideró que no existían motivos que justificaran una revisión: > "Sin perjuicio de ello no encuentro motivos de fuste que habiliten a ingresar al conocimiento de la revisión propuesta en pos de mejorar la situación del encartado, en virtud de la franquicia establecida por el artículo 435 del Código Procesal Penal, puesto que las pautas minorante y aumentativa de la pena, aunadas a la cantidad y diversidad de hechos enrostrados y los diversos bienes jurídicos afectados, los que concurren realmente entre sí, y el fin perseguido con su obrar, habilitan a compartir las penas impuestas en su cuantía y modalidad de ejecución." La sentencia también enfatizó que la defensa en su apelación había sido "novedosa" y "generalista", sin descender al análisis concreto de los siete hechos probados de receptación y comercialización de automotores sustraídos.