BANCO SANTANDER ARGENTINA SA C/ TOVAR TOVAR MAX ELIOTT S/ COBRO EJECUTIVO

Quién demanda: Banco Santander Argentina S.A.

¿A quién se demanda?

Tovar Tovar Max Eliott (persona física)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo de saldos emergentes de tarjetas de crédito VISA Nro. 868302463 y American Express Nro. 948092213, iniciado en el domicilio consignado en Avenida General San Martín 4135, Florida, Provincia de Buenos Aires.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal declinó su competencia y remitió los autos a la Receptoría General de Expedientes Departamental para que sean trasladados al tribunal competente en el domicilio real del deudor. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal consideró que "de la alquimia de ambos preceptos, lo dispuesto por el art. 3ro. de la LTC en cuanto expresa 'las relaciones por operatoria de tarjeta de Crédito quedan sujetas a la presente Ley y supletoriamente se aplicarán las normas de los Códigos Civil y Comercial de la Nación y de la ley de Defensa de Consumidor'; unido al alcance y términos del contrato de consumo adunado, tengo para mí que la cuestión que en autos se ventila, se encuentra ampliamente alcanzado por la Ley de Consumidor." El magistrado enfatizó que "tanto desde el punto de vista objetivo como el subjetivo, el contrato fundacional para la adquisición de las tarjetas y sus consumos constituye una relación de consumo y como tal, le resultan aplicables las normativas previstas en las disposiciones aludidas, pues en la medida que el cliente sea consumidor final de una operación de crédito activa o pasiva, esta constituye un contrato de consumo, pues se trata de la prestación de un servicio realizado por un banco y/o entidades financieras y/o de préstamo, en su condición de persona pública o privada con carácter profesional, a favor de una persona física o jurídica que contrata a título oneroso para su consumo final o en beneficio propio o de su grupo." Respecto a la competencia, el Tribunal señaló que "la competencia por la materia y el grado es absoluta, por cuanto sus disposiciones no pueden ser derogadas por la voluntad de las partes" pero que "la de orden territorial, que obedece primordialmente al interés exclusivo de los litigantes, es relativa y puede por lo tanto ser renunciada" salvo que exista "un valladar
- la norma de orden público (Ley 24240 mod. 26361
- art. 36 LDC) que introduce una disposición de competencia no disponible por las partes conforme la cual será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por dicha norma
- operaciones financieras para consumo y crédito para consumo
- el tribunal correspondiente al domicilio real del deudor, siendo nulo cualquier pacto en contrario." El Tribunal remarcó que "cuando la ley es clara y no exige mayores esfuerzos interpretativos, no cabe sino su directa aplicación, con prescindencia de consideraciones que exceden la circunstancias del caso expresamente contemplados por la norma", citando reiterada jurisprudencia de la Suprema Corte Provincial que ha declarado competencia de oficio en idéntica situación, "por cuanto, de los principios rectores que en la materia de consumo esta signa, los que atraviesan todas sus disposiciones, la liberalidad de elección tanto de las partes como de los magistrados respecto de la competencia se encuentra acotada y delineada a un único principio que no es otro que los previstos por los arts. 7 y 1094" del Código Civil y Comercial de la Nación.