CASTILLO LUIS HUMBERTO C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Luis Humberto Castillo, personal de seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del derecho a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad en un 3% sobre la totalidad de años de servicios prestados. Declaración de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y resoluciones que determinaron un porcentaje inferior o que lo eliminaron. Reconocimiento retroactivo de sumas no prescriptas, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

El tribunal hace lugar a la demanda, reconociendo el derecho a percibir la bonificación por antigüedad en un 3% para todos los años de cómputo. Declara inconstitucionales las leyes 11.739, 11.905 y similares, así como el decreto 240/96 que redujeron o eliminaron dicha bonificación. Ordena el pago de diferencias salariales conforme a plazos de prescripción aplicables, con intereses al 6% anual desde el devengamiento hasta la actualización, y posteriormente a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundamentos principales de la decisión: "El Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución" (Fallos CSJN "Guida" 323:1566 y "Müller" 326:1138). En el caso bajo análisis, faltaban al menos dos condiciones esenciales: no hubo situación excepcional de emergencia debidamente declarada y las medidas no fueron temporarias, sino que nueve años después aún se continúa abonando con la disminución. "La progresividad establece un estándar básico o piso de protección, a partir del cual es posible acrecentar o extender un derecho, más no desconocerlo o disminuirlo, lo que se conoce como 'principio de no regresividad'." El tribunal destacó que la Constitución Provincial consagra expresamente el principio de progresividad en materia laboral (art. 39, inc. 3), incorporado por la reforma de 1994. Por ello, si se había llegado en 1995 a bonificar la antigüedad en un 3%, su disminución implica un retroceso incompatible con la cláusula constitucional citada. El tribunal rechazó la excepción de prescripción total argumentando que se trata de un hecho continuado en el tiempo, siendo que cada crédito resulta exigible periódicamente desde cada período mensual liquidado en menos. Existía un año (1996) no pagado directamente y nueve años de antigüedad que continuaban abonándose reducidos al momento de la demanda, subsistiendo la posibilidad del reclamo judicial. Para la prescripción parcial, aplicó el plazo de dos años conforme al artículo 2537 del CCyC y normativas previsionales específicas. Respecto del decreto 240/96, aunque reconoce que la diferenciación entre magistrados y otros empleados tenía sustento constitucional por la protección de remuneraciones judiciales, resultaba ilegítimo por asimilar a todos los dependientes del Poder Judicial con nivel salarial 20, siendo que solo los magistrados y quienes constitucionalmente comparten su status y garantías deberían haber quedado exceptuados de la medida.