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La garantía constitucional de defensa en juicio se satisface cuando el interesado puede ejercer plenamente su derecho ante la instancia jurisdiccional, incluso si en sede administrativa se rechazó alguna prueba, siempre que se le conceda la oportunid
¿Qué se resolvió en el fallo?
Se analizó la aplicación del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operatorias a una sociedad anónima que operaba con distintas firmas mediante movimientos de fondos en consignación para la comercialización de productos. Se discutió la caracterización de dichas operaciones como gravadas bajo la figura de "sistema organizado de pagos", considerando si correspondía la aplicación del impuesto según la normativa vigente, incluyendo leyes, decretos y resoluciones generales, así como la interpretación jurisprudencial reciente. También se abordó la nulidad de una resolución administrativa por falta de motivación en el rechazo de prueba pericial y la procedencia de los intereses resarcitorios aplicados. El Tribunal examinó el alcance y limitaciones del hecho imponible y el derecho de defensa del contribuyente en sede administrativa y jurisdiccional, valorando la producción y oportunidad de la prueba ofrecida y la configuración fáctica de las operaciones bancarias y financieras controvertidas.
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