Papelera Tucumán S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación
La potestad sancionadora administrativa se fundamenta en la protección de bienes de interés colectivo y no requiere la prueba de culpa o dolo para configurar una infracción.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Se examinó un caso de sanción administrativa por diferencias entre la mercadería declarada y la realmente ingresada en una operación aduanera, cuestionándose la existencia de perjuicio fiscal y la procedencia de la multa impuesta. Se discutió la aplicación del régimen sancionador administrativo aduanero, el estándar probatorio aplicable, la relevancia de la presunción de inocencia en este ámbito, y el uso de la prueba indiciaria para acreditar la infracción. El Tribunal analizó la distinción entre responsabilidad administrativa y penal, el fundamento y alcance de la potestad sancionadora administrativa, la carga probatoria, y la necesidad de un razonamiento motivado para validar decisiones basadas en indicios, en un contexto de protección de bienes de interés general y eficacia normativa.
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