MARTINEZ ELSA ESTELA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS
La Cámara Federal de la Seguridad Social en Sala 2 confirmó parcialmente la sentencia de grado en un caso de reajustes previsionales, abordando cuestiones de actualización de haberes y constitucionalidad de normativas, y diferió ciertos planteos a la etapa de ejecución para garantizar la seguridad jurídica y la coherencia normativa.
- Quién demanda: Elsa Estela Martínez
¿A quién se demanda?
ANSES
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reajustes varios del haber previsional, actualización de la Prestación Básica Universal (PBU), inconstitucionalidad de leyes y decretos, y una tasa de sustitución mínima del 70% del promedio de remuneraciones.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó la inaplicabilidad de ciertos índices y metodologías de actualización, rechazó la inconstitucionalidad de varias normativas en la etapa de ejecución, y estableció que los agravios de las partes serán analizados en esa etapa, con costas a la demandada vencida. Además, se ordenó la actualización de las rentas autónomas y se diferieron los tratamientos de inconstitucionalidad de leyes a la etapa de ejecución.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Sala consideró la normativa vigente y los precedentes de la Corte Suprema, en particular “Elliff”, “Blanco”, y “Makler”, para determinar los índices de actualización aplicables y la metodología de cálculo. Se afirmó que la inconstitucionalidad de la ley 27.609 y otros aspectos serían tratados en la etapa de ejecución, dado que la modificación normativa en curso busca garantizar la razonabilidad y evitar efectos confiscatorios. Se reiteró que los planteos sobre la tasa de sustitución mínima y el impuesto a las ganancias deben resolver en la etapa de ejecución, remitiéndose a los precedentes de la CSJN. La sentencia también abordó la metodología del cálculo para servicios autónomos, remitiéndose a la doctrina de la Corte Suprema y estableciendo procedimientos para determinar el promedio de aportes y haberes. La Cámara confirma la constitucionalidad de la normativa vigente y la adecuación de los índices utilizados, en línea con los precedentes judiciales. La decisión busca mantener la seguridad jurídica y la coherencia del sistema previsional, diferiendo ciertos cuestionamientos a una instancia donde la normativa en aplicación sea más clara.
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