SANTIBAÑEZ ADRIANA VALERIA C/ IBERARGEN SA y otro/a S/ENFERMEDAD ACCIDENTE
La Cámara de Morón confirmó la condena a la aseguradora de riesgos del trabajo por incapacidad laboral y rechazó la reclamada contra el empleador, con declaración de inconstitucionalidad de ciertos decretos y principios de protección del trabajo.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La actora, Adriana Valeria Santibañez, demanda a IBERARGEN S.A y a LA SEGUNDA ART S.A por enfermedad profesional derivada de tareas habituales que lesionaron su columna y cervical, tras un accidente en el trabajo. La pericia médica y psicológica acreditaron un daño psíquico y físico, con una incapacidad del 10%. La Cámara concluyó que no hay nexo causal directo entre la dolencia y el accidente, pero que la ART no cumplió con las prestaciones de la ley 24.557, por lo que condenó a la aseguradora a pagar $373.294,07, incluyendo intereses. La demanda contra el empleador fue rechazada por falta de responsabilidad. Se declaró la inconstitucionalidad de los Decretos 669/19 y 70/23, por no cumplir requisitos constitucionales y legales para su dictado en el contexto. Fundamentos principales: "De acuerdo a las consideraciones de hecho y derecho, la pericia médica y psicológica establecieron la existencia de una incapacidad del 10% atribuible a las tareas laborales. Sin embargo, el nexo causal entre las dolencias y el accidente no fue acreditado en la causa, dado que la carga probatoria del actor en relación a este aspecto no fue satisfecha. No obstante, la ley 24.557 no fue cumplida por la ART, que no brindó las prestaciones dinerarias correspondientes, justificando la condena en la reparación de esa obligación legal." "Por otra parte, la demanda contra IBERARGEN S.A fue rechazada por no haberse acreditado su responsabilidad en la generación de la enfermedad o en el accidente que la produjo. La declaración de inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo fue fundada en que no cumplían los requisitos constitucionales y legales para su emisión, en particular por afectar derechos laborales y principios de progresividad y seguridad jurídica." "Se dispuso el pago de la indemnización en un monto global de $373.294,07, con intereses devengados, y se ordenó el depósito en la cuenta judicial, con apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento."
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: