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SAYAVEDRA, MARIA GISEL c/ AVALIAN s/AMPARO LEY 16.986

La sentencia rechaza la acción de amparo promovida por María Gisel Sayavedra contra Avalian por la deuda de $3.990.331 y la negativa a cobertura por embarazo no declarado, confirmando la legalidad del cobro y la baja del contrato por falseamiento en la declaración jurada.

Cobertura medica Falseamiento de declaracion jurada Baja de contrato Accion de amparo Deuda Embarazo no declarado Caducidad Inmediatez Ley 26.682 Ley 16.986


- Quién demanda: María Gisel Sayavedra

¿A quién se demanda?

Avalian Salud Y Bienestar Cooperativa Limitada

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La declaración de nulidad del cargo por deuda de $3.990.331, cobertura médica y que se deje sin efecto la baja del sistema, además de la protección del derecho a la salud.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la acción de amparo por falta de inmediatez y por considerar que la baja contractual fue fundada en un falseamiento en la declaración jurada de embarazo, que fue comprobado por la auditoría médica.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La actora incurrió en falseamiento de la declaración jurada, en concreto, en la declaración de no estar embarazada, cuando en realidad cursaba embarazo desde hace aproximadamente 14 semanas, conforme surge de la documentación médica. La conducta de la amparista fue considerada flagrante y prevista en el Art. 9º de la Ley 26.682, justificando la baja del sistema y la exigencia del módulo en función de la normativa vigente y la documentación aportada." Además, se concluyó que la acción carecía de urgencia, dado que transcurrieron aproximadamente nueve meses desde que la actora tomó conocimiento del acto administrativo, por lo que no subsistía la inmediatez para el amparo. La sentencia también rechazó las pretensiones de la actora respecto a la nulidad del cobro y la declaración de la deuda como falsa, señalando que la relación contractual fue dada de baja por la propia parte actora y que, en esas condiciones, no existía una relación vigente que habilitara la pretensión. Finalmente, se impusieron las costas a la parte actora y se regularon honorarios en los valores establecidos en la ley, sin contemplar el IVA.

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