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CARUSO JOHANNA ANDREA C/ GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MATERIA A CATEGORIZAR

Tribunal del Trabajo N° 4 de La Plata dictó sentencia en el expediente de regulación de honorarios por actuación administrativa ante la Comisión Médica Jurisdiccional, determinando los honorarios profesionales y las costas en favor del actor, en base a la normativa aplicable y la valoración de la labor profesional.

Costas Recurso de apelacion Honorarios profesionales Comision medica Regulacion Actuacion administrativa Regulacion de honorarios. Ley 14.967 Jus Honorarios en acciones administrativas

¿Qué se resolvió en el fallo?

La Jueza Gallese analiza la solicitud de regulación de honorarios de la abogada Johanna Andrea Caruso por su actuación ante la Comisión Médica N°11 de La Plata, en el expediente de "VALORACIÓN DE DAÑO" en el marco del siniestro laboral de Frutos Marcos Victor. La demandada, Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, reconoce la actuación profesional pero solicita el rechazo de la demanda, invocando trámites administrativos previos y las circulares y resoluciones que regulan los honorarios en estos casos. La sentencia destaca que la actuación del letrado está acreditada en diversas instancias del expediente administrativo, incluyendo la presentación inicial, la designación y la homologación del acuerdo. Se aplica la normativa específica de la ley 14.967 y la ley arancelaria local, estableciendo que los honorarios corresponden a un porcentaje del monto del acuerdo homologado, ajustado a la unidad de medida "JUS" vigente al momento del acto administrativo que finalizó el trámite. La regulación final establece que la abogada Caruso percibirá honorarios en 8,818 jus arancelarios, equivalentes al 6.66% del monto del acuerdo, más aportes previsionales y IVA si correspondiere, con costas a cargo de la parte vencida, por haber controvertido la solicitud. La sentencia fundamenta que la normativa de la ley 14.967 y sus reglamentaciones establecen claramente la base de cálculo y los porcentajes aplicables, y que la regulación debe hacerse considerando el valor del JUS al momento del cierre del trámite administrativo, en línea con doctrina consolidada. La resolución también ordena la acreditación del pago de aportes previsionales en el plazo legal.

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