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GUZMAN JULIO CESAR c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La sentencia de primera instancia que desestimó las planteos de inconstitucionalidad y ordenó el pago de diferencias en haberes previsionales, fue confirmada por el tribunal, en base a que la normativa vigente y las precedentes jurisprudenciales respaldan la constitucionalidad y razonabilidad de las disposiciones cuestionadas.

Inconstitucionalidad Seguridad social Normas de emergencia Jubilaciones Confiscatoriedad Reajuste previsional Derecho a la propiedad Movilidad jubilatoria Ley 24.241 Recurso de apelacion.

¿Qué se resolvió en el fallo?

La parte actora, Guzmán Julio César, promovió demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) solicitando el reajuste de su beneficio previsional conforme a la ley 24.241 y la revisión de diferencias en sus haberes por efectos de diversos ajustes y mecanismos de actualización. La demandada argumentó la prescripción del reclamo y defendió la constitucionalidad de las leyes y decretos que regulan las actualizaciones previsionales. La sentencia de primera instancia rechazó la inconstitucionalidad de las normas y ordenó a la ANSeS abonar las diferencias reclamadas, con intereses y costas, y se fundamentó en que las leyes y regulaciones vigentes, incluyendo las leyes 27.426, 27.541 y 27.609, no violan derechos constitucionales, sino que responden a la necesidad de regular eficientemente el sistema previsional en un contexto de emergencia y crisis económica. Se resaltó que las leyes mencionadas establecen mecanismos de actualización y movilidad que, si bien limitan la percepción de beneficios en forma temporal, no configuran una afectación confiscatoria ni vulneran el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y que la jurisprudencia constitucional ha ratificado la constitucionalidad de tales normativas. Además, se sostuvo que no se acreditaron daños concretos ni se demostraron violaciones de derechos constitucionales, y que las normas de emergencia son medidas transitorias y justificadas por la situación económica y social del país. El tribunal confirmó la decisión y desestimó los planteos de inconstitucionalidad y los controles de constitucionalidad promovidos por la actora.

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