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CHIAMBRETTO, ALBERTO SABINO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de Córdoba confirmó la sentencia que rechazó la excepción de pago y aprobó la planilla de liquidación en un juicio previsional, manteniendo la condena a la ANSES y las costas, en un fallo que respeta la jurisprudencia sobre impugnaciones y la liquidación de haberes previsionales.

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¿Quién es el actor?

Alberto Sabino Chiambretto

¿A quién se demanda?

ANSES
- Objeto de la demanda: Reajuste de haberes previsionales, diferencias económicas retroactivas y actualización del haber mensual
- Decisión del tribunal: Confirmación de la sentencia de primera instancia que rechazó la excepción de pago, aprobó la liquidación y condenó a la ANSES a pagar $1.047.359,82 más intereses y a abonar un haber mensual de $64.192,15 desde octubre de 2021, además de costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La demandada cuestionó errores en la liquidación, pero la pericia contable del tribunal confirmó la correcta liquidación y que no existían errores numéricos en la planilla aprobada, reiterando que la impugnación debe ser concreta y específica para tener éxito. Respecto al impuesto a las ganancias, el tribunal remite a la jurisprudencia de la Corte Suprema en “García, María Isabel”, que establece que la impugnación de la liquidación no puede basarse en consideraciones extra petita y que la parte debe demostrar errores en los números o en la aplicación del derecho. La condena en costas de primera instancia a la demandada se mantiene en virtud del régimen legal aplicable, y se imponen las costas de la alzada a la parte vencida, en línea con la jurisprudencia vigente y la ley de costas. La regulación de los honorarios en esta instancia se establece en un 35% de lo resuelto en la instancia anterior para la letrada del actor, en consonancia con los criterios de proporcionalidad y arancelarios. La sentencia reafirma la autoridad de los precedentes jurisprudenciales, en especial la doctrina de la Corte Suprema, sobre la impugnación de liquidaciones previsionales y la constitucionalidad de las disposiciones legales relacionadas con las costas.

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