SUAREZ, MARIO AURELIO c/ O.S. DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION s/AMPARO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES
La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del Decreto 70/2023 en relación a la regulación de aumentos en cuotas de planes de salud, considerando que el decreto fue dictado sin el trámite legislativo adecuado y que vulnera derechos constitucionales, especialmente el derecho a la salud y la división de poderes. La decisión se fundamenta en que el decreto fue emitido por el Poder Ejecutivo sin la concurrencia de circunstancias de extrema urgencia que justifiquen la vía del decreto de necesidad y urgencia, además de que se incumplió el procedimiento constitucional para la sanción de leyes, afectando la estructura republicana y el control democrático. La Cámara concluye que la normativa impugnada es nula e inconstitucional, por lo que se ratifica la declaración de inconstitucionalidad y se ordena la remisión de oficio a la Autoridad de Aplicación.
- Quién demanda: Mario Aurelio Suarez
¿A quién se demanda?
la Superintendencia de Servicios de Salud y la Unión del Personal Civil de la Nación en el amparo contra actos de particulares.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 70/2023 y la orden de dejar sin efecto los aumentos en las cuotas de los planes de salud.
¿Qué se resolvió?
la Cámara confirmó la declaración de inconstitucionalidad del decreto, declaró la nulidad absoluta del mismo, y ordenó la comunicación a la Autoridad de Aplicación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
El decreto fue dictado sin el trámite legislativo correspondiente, invocando circunstancias de emergencia no verificadas, y vulnera los principios de división de poderes, además de infringir derechos constitucionales como el derecho a la salud. Se destaca que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio ante la ausencia de las condiciones de excepcionalidad exigidas por la Constitución. La Cámara también reprocha la actuación del Poder Ejecutivo que, en su afán de implementar políticas públicas, usurpa funciones del Congreso, violando el sistema republicano. La decisión se apoya en precedentes constitucionales y en la jurisprudencia que exige un análisis concreto de las circunstancias que justifican un DNU, lo que en el caso no se acreditó.
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