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GONZALEZ HAYDEE TERESA C/ MINISTERIO DE GOBIERNO, REGISTRO CIVIL DE TRENQUE LAUQUEN Y OT S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

La sentencia reconoce el derecho de la actora a percibir una bonificación por antigüedad del 3% por todos los años laborados, tras declarar la inconstitucionalidad de las normas que redujeron dicho porcentaje. La Cámara confirmó el reconocimiento y ordenó el pago retroactivo con intereses.

Prescripcion Inconstitucionalidad Derechos adquiridos Inembargabilidad Derechos laborales Progresividad Igualdad ante la ley Reduccion salarial Accion judicial Bonificacion por antiguedad

¿Qué se resolvió en el fallo?


- La demandante, GONZALEZ HAYDEE TERESA, reclama el reconocimiento del derecho a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad en un 3%, incluyendo todos los años de servicios y con efectos retroactivos, alegando inconstitucionalidad de las leyes y decretos que redujeron dicho porcentaje.
- Los demandados, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social, contestaron que la normativa vigente era constitucional y que las modificaciones no implicaban vulneración de derechos adquiridos ni principios constitucionales.
- La sentencia analizó en detalle la evolución normativa de la bonificación por antigüedad, concluyendo que las reducciones operadas en 1996 y en años posteriores implicaron una disminución del salario, vulnerando principios constitucionales de progresividad y de protección de derechos adquiridos.
- Se afirmó que las medidas en cuestión no fueron temporarias ni adoptadas en situaciones de emergencia, y que su extensión en el tiempo constituye un retroceso en derechos laborales, incompatible con la Constitución provincial y la doctrina constitucional.
- Además, se rechazó la prescripción alegada por los demandados, sosteniendo que el carácter continuado del hecho impide su operatividad.
- Finalmente, se ordenó el pago de las sumas no abonadas, con intereses y actualización, reconociendo la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas.
- La sentencia también calificó de ilegítimo el decreto 240/96 por vulnerar la igualdad, al excluir injustificadamente a los dependientes del Poder Judicial que no son magistrados.

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