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ACEVEDO, JULIAN ALBERTO c/ WATCHMAN SEGURIDAD S.A. s/DESPIDO

La Cámara de Apelaciones en lo Laboral modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, elevando la condena a 1.646.009 pesos y ajustando los honorarios y costas; confirmó en lo demás la decisión previa, considerando la valoración de las pruebas y la normativa aplicable.

Tasa de interes Indemnizacion Honorarios Prueba testimonial Responsabilidad del empleador Camara de apelaciones Despido Certificados laborales Actualizacion monetaria. Ley 25.345


- Quien demanda (Actor): Julian Alberto Acevedo Demandado: Watchman Seguridad S.A. Objeto: Indemnización por despido, entrega de certificados laborales, y otros rubros vinculados al despido. Decisión: La Cámara modificó la condena en monto a 1.646.009 pesos, elevó los honorarios de la perito a 100 UMA, confirmó los demás conceptos y costas, y ajustó el tratamiento de ciertos rubros indemnizatorios. Se rechazaron los agravios relacionados con la improcedencia de indemnización por certificados y la tasa de interés, considerando que la jurisprudencia y la normativa vigente respaldan dichas decisiones. La Cámara también sostuvo que la declaración del testigo Martínez no resultó probatoria suficiente para acreditar la causal del despido, ya que su declaración es tardía y no presencial.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia de primera instancia fue cuestionada por la demandada en relación con la ajustada a derecho del despido, la procedencia de indemnizaciones, la entrega de certificados y la tasa de interés. La Cámara analizó los testimonios, la documentación y la jurisprudencia vigente, concluyendo que la prueba testimonial no resultó concluyente respecto del hecho causal, y que la normativa de fondo, en particular la Ley 25.345 y la jurisprudencia sobre actualización monetaria, respalda la indemnización y los intereses fijados. Se consideró que la conducta del empleador no evidenció intención de vulnerar derechos, por lo que no correspondía aplicar sanciones adicionales o la declaración de inconstitucionalidad del art. 7° de la Ley 23.928, sino ajustar el monto de condena y honorarios en función de las pautas arancelarias y la normativa aplicable.

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