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S. S.A C/ L. M. A. C. D. S. S.A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental de Azul confirmó la sentencia que había excluido a la actora del régimen de protección del Derecho del Consumidor, considerando que la empresa no adquirió ni utilizó el vehículo para consumo final, sino como bien de capital destinado a su actividad productiva. La sentencia reiteró que, en casos similares, la protección del consumidor no debe extenderse a personas jurídicas que actúan en el marco de su actividad empresarial, principalmente cuando el bien es utilizado en el proceso productivo y no para consumo personal o familiar. La Cámara valoró que la demandante, aunque alegó un trato indigno y la no respuesta a su reclamo, no logró demostrar que el vehículo fuera destinado a un consumo final, sino a la actividad empresaria, por lo que la ley de Defensa del Consumidor no resultaba aplicable en este caso.

Recurso de apelacion Derecho del consumidor Persona juridica Consumidor empresario Seguro automotor Danos y perjuicios Exclusion del regimen protector Actividad empresarial Ley 24.240 Proteccion del consumidor.

¿Qué se resolvió en el fallo?

La parte actora, S. S.A., promovió demanda por daños y perjuicios contra L. M. A. Compañía de Seguros S.A., reclamando el pago del seguro por destrucción total del vehículo Fiat Fiorino utilizado en su actividad de saneamiento ambiental, alegando incumplimiento y daños punitivos por maltrato y falta de respuesta. La demandada argumentó que la empresa no era consumidora, ya que el vehículo, aunque figuraba con uso particular, se destinaba a la actividad productiva, por lo que no era sujeto de protección bajo la ley 24.240. La Cámara, tras analizar la normativa y doctrina, sostuvo que la protección del consumidor no alcanza a personas jurídicas en actividades empresariales cuando el bien se destina a la actividad económica, no a un consumo final. La sentencia resaltó que el vehículo, aunque registrado como uso particular, en realidad se utilizaba en el proceso productivo, y no para uso personal o familiar, por lo que la ley de Defensa del Consumidor no resultaba aplicable. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, rechazando la apelación y atribuyendo las costas a la parte vencida.

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