BAZAN JOSE ANTONIO Y OTROS C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA DE LA PRO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO
La sentencia reconoce el derecho de los actores a percibir una bonificación por antigüedad del 3% por todos los años laborados, considerando la inconstitucionalidad de normas que redujeron dicho porcentaje. La Cámara confirmó la condena y ordenó el pago retroactivo con intereses, validando que la reducción salarial fue inconstitucional y vulneró derechos constitucionales y tratados internacionales.
- Quién demanda: Jose Antonio Bazan y otros actores.
¿A quién se demanda?
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento del derecho a percibir la bonificación por antigüedad del 3% por todos los años laborales, retroactivo y con intereses, por considerar inconstitucionales leyes, decretos y normativas que redujeron o eliminaron dicho porcentaje.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda, ordenando el pago de la bonificación retroactiva desde la interposición de la demanda o reclamo administrativo, con intereses y actualización a valores actuales, y se rechazaron los argumentos de la defensa en cuanto a la validez de las normas reducidas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La sentencia sostiene que las modificaciones normativas que redujeron la bonificación por antigüedad implicaron una disminución de haberes, vulnerando el principio de progresividad y la cláusula de igualdad, además de que las medidas no fueron excepcionales ni temporarias, sino prolongadas en el tiempo. Se invocan precedentes de la Corte Suprema y de la Corte Provincial que establecen que la reducción de derechos laborales debe cumplir requisitos de excepcionalidad, temporalidad y no confiscatoriedad. La decisión resalta que la protección constitucional de la antigüedad y la protección de derechos adquiridos impiden retrocesos en beneficios logrados previamente. La sentencia también destaca la inconstitucionalidad del decreto reglamentario que asimiló a todos los dependientes del Poder Judicial, incluido personal no judicial, para aplicar las reducciones, vulnerando la igualdad.
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