GARABATOS MARCELO GABRIEL Y OTRO/A C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - SUPREMA CORTE DE JUSTI S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO
La demanda busca la declaración de inconstitucionalidad de leyes y decretos que redujeron la bonificación por antigüedad y el reconocimiento retroactivo de la misma. La Cámara hizo lugar a la pretensión y reconoció el derecho del actor, confirmando la constitucionalidad del reclamo y condenando a la demandada al pago, por considerar que las reducciones implican una vulneración del principio de progresividad y la protección de derechos adquiridos.
- Quién demanda: Marcelo Gabriel Garabatos y otro
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de responsable de la legislación impugnada (Ley 11.739, 11.905, Decreto 240/96 y similares)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La declaración de inconstitucionalidad de las leyes y decretos que redujeron la bonificación por antigüedad del 3% para todos los años laborados, retroactivo al inicio de la demanda, y el reconocimiento del derecho a percibir dicha bonificación en su totalidad, con intereses.
¿Qué se resolvió?
La sentencia hizo lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, y ordenó el pago de las sumas correspondientes con intereses. La decisión se fundamentó en que las reducciones implicaron una disminución de haberes que vulneran el principio de progresividad, además de que las medidas no respondieron a una situación de emergencia ni fueron temporales. Se rechazó la excepción de prescripción y se aplicaron intereses moratorios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Las normas impugnadas acarrean una vulneración, entre otros, de los derechos de igualdad y de propiedad, y del principio de progresividad amparado por el artículo 39 inc. 3° de la Constitución provincial, el cual, a su vez, encuentra protección en diversos tratados internacionales. La disminución del porcentaje de bonificación por antigüedad, que en 1995 era del 3% y se redujo a un 1% o menos en años posteriores, representa un retroceso en derechos adquiridos y vulnera la protección constitucional de la progresividad. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte provincial establecen que la reducción de salarios debe estar justificada por situaciones excepcionales y no puede ser definitiva si implica un retroceso en derechos ya conquistados." "Asimismo, la aplicación de medidas regresivas sin justificación y en un período prolongado configura una violación al principio de protección de derechos adquiridos y de la progresividad, que son principios constitucionales y convencionales fundamentales."
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