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FERRARIO MARÍA JOSÉ C/ AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

La sentencia reconoce el derecho de la actora a percibir un 3% de bonificación por antigüedad por todos los años laborados, declarando la inconstitucionalidad de las leyes y decretos que redujeron dicho porcentaje, y ordena el pago retroactivo con intereses.

Intereses Recurso de apelacion Prescripcion Derechos laborales Contencioso administrativo Reduccion salarial Pago retroactivo Bonificacion antiguedad Progresividad derechos Inconstitucionalidad leyes 11.739 11.905


¿Quién es el actor?

FERRARIO MARÍA JOSÉ

¿A quién se demanda?

AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

¿Cuál es el objeto del reclamo?

El reconocimiento del derecho a que se liquide en un 3% la bonificación por antigüedad por todos los años de servicios, y la declaración de inconstitucionalidad de las normas que lo limitaron o eliminaron.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda y se ordena el pago retroactivo de la bonificación en un 3% por todos los años laborados, con intereses, considerando la inconstitucionalidad de las leyes 11.739, 11.905, sus similares y decreto 240/96. La sentencia fundamenta que las medidas adoptadas implicaron una reducción salarial incompatible con la protección constitucional del derecho a la propiedad y la progresividad de derechos laborales. Se destaca que la reducción prolongada y la exclusión de magistrados vulneran la igualdad y constituyen un retroceso en derechos adquiridos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La controversia se centra en si las modificaciones legislativas y reglamentarias que redujeron la bonificación por antigüedad implicaron una disminución del salario o una modificación prospectiva sin afectar derechos adquiridos. La sentencia establece que las medidas, en la práctica, implicaron una reducción salarial, vulnerando garantías constitucionales e internacionales. Se analiza la constitucionalidad del ajuste en el marco del principio de progresividad y la protección de derechos adquiridos, concluyendo que las medidas no cumplen con los requisitos de excepcionalidad, temporalidad y no confiscatoriedad. Además, se rechaza la prescripción alegada por la demandada, por tratarse de hechos continuados en el tiempo. Se ordena el pago de las sumas en concepto de bonificación, actualizadas y con intereses, y se imponen costas a la demandada.

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