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PIMENTEL ELSA VIVIANA c/ ANSES s/AMPAROS Y SUMARISIMOS

La Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia que ordenó a la ANSeS abonar la diferencia entre la renta vitalicia previsional y el haber mínimo garantizado, rechazando los agravios de la demandada y confirmando la orden de pago en el plazo de 30 días. La decisión se fundamenta en que el derecho a una jubilación digna y la protección de derechos que trascienden lo patrimonial justifican la continuidad del proceso y la procedencia del amparo, además de que la ley 16.986 no constituye un impedimento insalvable para actuar en casos de ilegalidad periódica o continuada, en línea con precedentes de la CSJN. La Cámara también rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva y confirmó la regulación de honorarios en espera de liquidación.

Recurso de apelacion Inconstitucionalidad Proteccion constitucional Anses Diferencia de haberes Amparo previsional Derecho a jubilacion digna Ley 16.986 Proteccion de derechos sociales. Masa activa


¿Quién es el actor?

Elsa Viviana Pimentel

¿A quién se demanda?

ANSES

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Diferencia entre la renta vitalicia percibida y el haber mínimo garantizado, y el pago en 30 días.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirma la orden de pago a la actora, rechaza los agravios de la demandada y regula honorarios en espera de liquidación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La protección constitucional del derecho a una jubilación digna, la naturaleza del amparo en protección de derechos transversales y la inaplicabilidad del plazo de caducidad en acciones que implican ilegalidad o arbitrariedad, en línea con precedentes de la CSJN, particularmente en autos "Tejera" y "Etchart". Además, la transferencia del sistema previsional no altera el derecho garantizado desde la adquisición del beneficio, y la falta de componente público en ciertos casos no impide el reconocimiento del haber mínimo. La decisión se sustenta en la necesidad de evitar discriminaciones arbitrarias y en la normativa vigente, reafirmando la constitucionalidad de la protección del mínimo garantizado.

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