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ABATE MARCELO GUILLERMO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La sentencia ordena la actualización del haber previsional del actor según el índice “Badaro”, rechaza la inconstitucionalidad de las leyes y decretos cuestionados, y establece que ANSES practique la actualización en 120 días.

Inconstitucionalidad Actualizacion de haberes Proceso previsional Reajuste previsional Movilidad jubilatoria Ley 27.609 Anses. Ley 27.541 Ley 26.417 Ley 24.241 Ley 24.463

¿Qué se resolvió en el fallo?


- La parte actora demanda la actualización de su haber previsional por falta de movilidad y/o actualización, alegando lesión a derechos constitucionales y cuestionando la constitucionalidad de varias leyes y artículos.
- La demandada niega el derecho del actor, opone prescripción y defiende la constitucionalidad de las normas impugnadas.
- La sentencia reconoce que la actora adquirió el derecho a la prestación al amparo de la ley 24.241 con aporte dependientes, fecha de adquisición 28-07-2021, y analiza la procedencia de la actualización del haber.
- La jueza ordena la actualización de la Prestación Básica Universal (PBU) con el índice “Badaro” y que ANSES realice la liquidación en 120 días. Rechaza la actualización de la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), y los topes de ley y movilidad, en base a la normativa vigente.
- La resolución contempla la no aplicación de inconstitucionalidades sobre los topes, la ley de movilidad y los índices de actualización, y respeta la doctrina jurisprudencial sobre la inconstitucionalidad de normas en materia previsional.
- La sentencia también ordena que las diferencias retroactivas no sean gravadas con impuesto a las ganancias y fija costas en orden causado.
- Se diferirá la regulación de honorarios para la etapa de ejecución y se ordena a la ANSES cumplir en 120 días, con intereses y actualización según lo dispuesto.
- La fundamentación destaca que la actualización del haber debe hacerse conforme a la normativa vigente al momento del nacimiento del derecho, y que la inconstitucionalidad no se configura en el caso concreto por la inexistencia de perjuicio concreto y acreditado.

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