FERRERO JORGE ISMAEL Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE DEFENSA-EMGE s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

Quién demanda: Jorge Ismael Ferrero, Sergio Alfredo Ramoska y Mario Raúl Schmutz, ex soldados conscriptos y personal civil movilizados durante el conflicto del Atlántico Sur.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional
- Ministerio de Defensa
- Estado Mayor General del Ejército.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Incorporación y reconocimiento como veteranos de guerra, obtención de certificado correspondiente, pensión de guerra retroactiva e intereses, y declaración de inconstitucionalidad del decreto 509/88.

¿Qué se resolvió?

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda, considerando que los actores no acreditaron haber participado efectivamente en acciones bélicas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, ni en el ámbito geográfico establecido por la ley 23.109 y su reglamentación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dispuso que para acceder a beneficios similares, es necesario acreditar participación en combate y presencia en el área delimitada, requisitos no cumplidos por los actores en el presente caso. La sentencia destacó que “el condicionamiento geográfico puede resultar caprichoso e irrazonable, a la luz de las circunstancias de hecho, pero el requisito de participación en acciones bélicas es ineludible”. Se rechazó también el planteo de inconstitucionalidad del decreto 509/88, por tratarse de una interpretación genérica. Fundamentos principales: “En el caso de autos, los actores no alegan haber sido trasladados al ámbito geográfico contemplado por la norma (TOM o TOAS), ni a la zona continental próxima a esa zona. Además, no acreditan participación en acciones bélicas efectivas. La Corte Suprema ha establecido que la participación en combate y en el área delimitada son requisitos indispensables para el reconocimiento de veterano de guerra (Fallos 338:539).” “Por lo tanto, la mera movilización a bases continentales para una posible participación no implica, por sí misma, el cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios. La prueba no permite concluir que los actores hayan ingresado en combate o en el área del conflicto, lo que resulta indispensable para la configuración del derecho reclamado.” “El planteo de inconstitucionalidad del decreto 509/88 resulta ser genérico y no acompaña la sustancia del agravio, por lo que debe ser desestimado.”