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BUNGE ARGENTINA SA (TF 40056050-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

La Cámara Federal revoca la resolución del Tribunal Fiscal que benefició a Bunge Argentina S.A. en una acción de repetición por $991.202,60, argumentando que la resolución impugnada carecía de causa y motivación, y que la aplicación de la ley 26.351 en la causa no fue declarada inconstitucional por la justicia. La Cámara ratifica la validez de la resolución y la legalidad de los actos administrativos, aplicando la tasa de interés prevista por el Banco Central desde 2019 y confirmando las costas al Fisco Nacional.

Control de constitucionalidad Impugnacion administrativa Nulidad de actos administrativos Camara contencioso administrativo federal Recurso directo de organismo externo Tasa de interes bancaria Jurisprudencia administrativa Ley 26.351 Repeticion de sumas Resoluciones oncca 1487/08 y 1898/08


- Quién demanda: Bunge Argentina S.A.

¿A quién se demanda?

Dirección General de Aduanas (DGA)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Repetición de pago por $991.202,60 por resoluciones y actos administrativos relacionados con exportaciones y derechos de exportación.

¿Qué se resolvió?

La Cámara revoca la sentencia del Tribunal Fiscal que favoreció a la actora y confirma la validez de la resolución administrativa, rechazando la inconstitucionalidad de la ley 26.351 y la nulidad de las resoluciones (ONCCA) n° 1487/08 y 1898/08 por carecer de motivación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara sostiene que el Tribunal Fiscal no realizó control de constitucionalidad de la ley 26.351, limitándose a aplicar la normativa vigente, y que la declaración de nulidad de las resoluciones (ONCCA) 1487/08 y 1898/08 por su falta de fundamentación fue jurisprudencialmente adecuada. Además, la Cámara afirma que no se acreditó que dichas resoluciones hayan sido dejadas sin efecto por el organismo, por lo que rige la presunción de legitimidad de los actos administrativos. La interpretación de la ley 26.351 debe realizarse en el marco de la constitucionalidad, sin que la Cámara tenga facultades para declarar inconstitucionalidad, y que la normativa y reglamentaciones aplicables sustentan la decisión. La tasa de interés aplicable es la publicada por el Banco Central desde 2019.

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