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GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ANGELUCCI MARIA RAQUEL y otros CONTRA GCBA SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES)

La Sala Superior revoca la denegatoria de la queja y confirma la protección del derecho a la vivienda digna del colectivo trans en situación de vulnerabilidad, considerando que la decisión judicial afecta derechos constitucionales y la situación de pandemia.

Ejecucion de sentencia Recurso extraordinario federal Liquidacion Sentencia definitiva Aportes previsionales Cuestiones procesales Retenciones salariales Impugnacion de la liquidacion


¿Quién es el actor?

el colectivo mujeres trans y travestis en situación de vulnerabilidad social y habitacional.

¿A quién se demanda?

al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

la protección judicial efectiva del derecho a una vivienda digna y adecuada, con provisión de asistencia habitacional y subsidios, en el contexto de la pandemia de COVID-19.

¿Qué se resolvió?

Se admite la queja, se revoca la sentencia que denegó la recurso de inconstitucionalidad y se ordena que la protección del derecho a la vivienda se garantice, considerando la vulnerabilidad social del colectivo y la situación de emergencia sanitaria.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La protección judicial requiere que las decisiones sobre medidas cautelares sean equiparables a sentencias definitivas cuando su contenido genera un gravamen irreparable, como en el caso de la situación de calle y la vulnerabilidad del colectivo trans. La sentencia de la Cámara, al revocar la medida cautelar, omite considerar la gravedad de la situación de vulnerabilidad y los riesgos para la salud y la vida de la actora en el contexto de la pandemia, en violación del derecho a una vivienda digna y a la salud. La discriminación estructural y las particularidades del colectivo trans justifican la protección inmediata frente a la insuficiencia de respuesta administrativa. La protección del derecho a la vivienda debe ser efectiva y prioritaria en el marco de la crisis sanitaria, y la decisión de la Cámara vulnera estos derechos fundamentales. La situación de vulnerabilidad social y la imposibilidad de acceso a una vivienda adecuada configuran un gravamen de tal magnitud que amerita la revisión del fallo en esta instancia.

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