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GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en PADULA SILVANA VANESA y otros CONTRA GCBA SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES)

La Sala III del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires denegó la queja contra la sentencia que rechazó un recurso de inconstitucionalidad en un proceso de desalojo, confirmando la constitucionalidad de la resolución y la normativa aplicable, en línea con los derechos sociales y constitucionales del grupo familiar involucrado.

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- Quién demanda: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA)
- A quién se demanda: DRC y CNA, en representación de su hijo menor de edad
- Qué se reclama: Desalojo del inmueble en Avenida San Juan 837/847 por ocupación indebida, y rechazo del recurso de inconstitucionalidad promovido por los demandados.
- Qué se resolvió: La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó el desalojo, y posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia rechazó la queja de los demandados, sosteniendo que las decisiones judiciales no vulneran derechos constitucionales ni son arbitrarias. Fundamentos: La jueza Marcela De Langhe argumentó que la queja no logra rebatir la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, ya que la sentencia de la Cámara de Apelaciones cumple con los requisitos constitucionales y legales, incluyendo la exigencia de que el GCBA acredite el cumplimiento del decreto 1128/97 antes de proceder al desalojo. Además, afirmó que los agravios relacionados con la vulneración del derecho a una vivienda digna no configuran un caso constitucional ni una sentencia arbitraria. Los votos concurrentes coincidieron en que los agravios son meramente disconformidad con la decisión y que no existen errores groseros que justifiquen la revisión en esta instancia extraordinaria. La jueza Alicia E. C. Ruiz destacó que el recurso de inconstitucionalidad propone una cuestión constitucional sobre el derecho a la vivienda, que ha sido ampliamente interpretado en la jurisprudencia, y que en este caso, la administración cumplió con sus obligaciones constitucionales y no evidenció omisiones que vulneren derechos sociales.

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